SALINA CRUZ, Oaxaca.- El gobierno municipal de Salina Cruz fue de los primeros que en el Istmo impuso medidas restrictivas para tratar de contener el coronavirus, aunque éstas no fueron bien recibidas, sobre todo por comerciantes locales quienes se dicen los más golpeados por las acciones implementadas desde el mes de marzo, cuando el puerto oaxaqueño no registraba un solo caso de COVID-19.
Existen quienes catalogaron dichas medidas como exageradas y precipitadas, negándose afanosamente a acatarlas.
La Jornada Nacional de Sana Distancia ha encontrado en Salina Cruz un sinfín de resistencias; el confinamiento no se respeta y las ciudadanía continúa realizando sus actividades de manera normal.
Incluso, tachando a la autoridad municipal de arbitraria al imponer las restricciones para la convivencia social y venta de artículos no esenciales, acciones que fueron determinadas por el gobierno federal y que aquí únicamente fueron replicadas por la autoridad municipal.
Del comercio establecido, solo el 50 por ciento de los propietarios acató las medidas desde el principio, pero a partir del 18 de mayo, incluso semanas atrás, ya realizaban sus ventas a media cortina.
En tanto, el comercio informal jamás paró actividades.
Salina Cruz no solo es el primer lugar en el Istmo de Tehuantepec, sino que figura en la estadística estatal al ser uno de los cuatro municipios más golpeados, por la enfermedad que desde finales del 2019 puso en jaque al mundo.
Es decir, las medidas preventivas no han dado el resultado deseado. Y cuando la Jurisdicción Sanitaria ha declarado que el pico de contagios se estima para el próximo mes, Salina Cruz acumula ya casi los 30 casos.
Mercado negro de alcohol
Entre las medidas que más oposición generó se encuentra la Ley Seca, lo que precipitó el cierre de bares, cantinas y antros; sin embargo, lejos de desalentar el consumo de bebidas embriagantes entre la población, ha creado un mercado negro y reuniones en domicilios que rápidamente fueron habilitados para la venta de bebidas alcohólicas.
La paralización parcial de las productoras de cerveza ocasionó que la obtención de este insumo se haga cada vez más difícil, y apenas quienes pueden sortear los elevados precios puedan adquirirlo.
Por el contrario, quienes no pueden costear el producto que ya ronda los mil pesos, se han hecho de mezcal y hasta de alcohol de caña para apaciguar su vicio.
En las redes sociales se ha vuelto común el ofrecimiento de todo tipo de bebidas alcohólicas, a precios exorbitantes, donde hacen hasta entrega a domicilio, y aún cuando las autoridades han confiscado mercancía de este tipo, y clausurado negocios que todavía la siguen vendiendo de contrabando a sus clientes.
Comercio formal e informal
Desde que el personal de la dirección de mercados diera inicio al cierre de negocios no esenciales mediante exhortos primero y después con el apoyo de la fuerza pública, tan solo un 50 % de los comerciantes cerraron sus locales en el centro de la ciudad, la otra parte resistió los embates de la autoridad y continuó operando a media cortina.
Los casos en donde se presume abuso por parte de la directora de mercados fueron ventilados en las redes sociales.
Acciones sanitarias
Si bien en un principio la autoridad municipal tuvo el tino de colocar lavamanos en los principales accesos del mercado Ignacio Zaragoza y personal que proporcionaba sanitizante a los usuarios, en la actualidad solo quedan esos trastes que las más de las veces permanecen sin el vital líquido.
"Todo esto nos llevó a organizarnos, cuando sabemos que la directora está agrediendo en un abuso de su autoridad a alguno de los compañeros inmediatamente acudimos para que los deje vender en paz, no nos vamos a dejar, hasta ahorita solo abrimos de 9:00 a 15:00 horas, tenemos gel desinfectante y agua para lavarnos las manos en las entradas del negocio", dijo un comerciante.
Desde al menos hace una semana el filtro sanitario establecido por la autoridad municipal en el “arco de seguridad”, dejó de funcionar cuando en los municipios de Juchitán y Tehuantepec, recién los instrumentaron para tratar de tener un control del ingreso de las personas que arriban a esos municipios.
