JUCHITÁN, OAXACA.- El viernes pasado venció el plazo que dieron los comuneros y autoridades de Santa María Chimalapa, a los gobiernos federal y estatal para realizar el desalojo de los tres predios invadidos en los Bienes Comunales de San Francisco La Paz. La zona, por el momento, está en completa calma.
Estos días serán cruciales para los comuneros, pues esperan que la respuesta del gobierno sea positiva en la determinación de realizar el desalojo de los puntos El Zapote, La Gringa y Reforma por parte de invasores de Cintalapa, Chiapas, cerca de Río Frio y José López Portillo, por lo que se interpuso en su momentos las denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos ambientales.
A pesar de que se tiene el proceso penal en contra de algunos invasores recluidos en el penal de Matías Romero, se han presentados varias denuncias por nuevas invasiones y talas ilegales, que se tiene una resolución favorable en la Controversia Constitucional que deja sin efectos la creación del ilegal municipio chiapaneco de Belisario Domínguez.
Los comuneros aún mantienen la calma y la esperanza que los compromisos de parte del delegado de la PGR en Oaxaca, el Fiscal General del Estado y de la Secretaría de Gobernación de ejecutar el segundo operativo para el desalojo de los invasores en Chimalapas en los próximos días o semanas.
La asamblea de comuneros de Santa María Chimalapa determinó el pasado 3 de abril en la cabecera municipal, dar un plazo al gobierno que venció el pasado 15 de abril para tener el cumplimiento del día y fecha del operativo de desalojo.
Este ultimátum se dio después de que los comuneros de San Francisco La Paz presentaran en la asamblea videos y pruebas de que cada vez son más los invasores que llegan a los predios, al grado de estar a punto de nuevos enfrentamientos con los ilegales al entrar estos últimos a las parcelas cercadas de los chimas.
Además de que el paraje La Reforma ya se está urbanizando como si fuera una zona regular, así como la apertura de caminos que conectan las zonas invadidas con poblaciones chiapanecas.
Toda estas últimas denuncias obligaron a los chimas hacer el ultimátum y exigir una pronta respuesta del gobierno.
