Agencia Reforma
El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformas legales para combatir la producción y tráfico de fentanilo y metanfetamina, la creación de un sistema de vigilancia sobre el uso de precursores químicos, y mayores sanciones penales y administrativas por actividades ilícitas.
En la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, se coloca a la Secretaría de Marina como la principal autoridad de la vigilancia en los puertos sobre los productos químicos.
También se agrega al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda para vigilar las actividades empresariales de personas físicas y morales que participan en el sector.
Con la reforma propuesta, se crea el Sistema Integral de Sustancias (Sisus) como una plataforma de control, registro y autorizaciones de permisos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Toda la información que genere este Sistema será reservada y solo se entregará por orden de juez por delitos relacionados con la delincuencia organizada.
"Con la operación del Sisus, se fortalecerá la seguridad en puntos de control y revisión de zonas fronterizas, aeropuertos, puertos y puntos de internación del País de precursores químicos y productos químicos esenciales, ya que las instituciones encargadas de la inspección e intercepción de mercancías podrán actuar con mayor prontitud, eficacia y de manera más coordinada", explica la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados.
"Además, se mejorarán los controles para el ingreso de las sustancias provenientes del extranjero, con el objetivo de prevenir y evitar su desvío".
Se proponen las sanciones penales en la reforma, con el fin de debilitar a las organizaciones criminales, sus jerarquías y sus fortalezas económicas.
"Además de sancionar prácticas de corrupción cometidas por las personas servidoras públicas que utilicen sus cargos para confabularse con la delincuencia organizada en estas actividades", resalta la exposición de motivos.
Como parte de las sanciones más importantes, la reforma propone la pena de prisión de 10 a 15 años a quienes desvíen o hagan uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, y una multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades.
En todos los casos, cuando la conducta sea cometida por un servidor público, la pena aumentará en dos terceras partes de lo que corresponda, es decir, puede llegar hasta 10 años más, y se le destituirá del cargo e inhabilitará de 5 a 10 años para desempeñar otro.
