Agencia Reforma
Por primera vez en lo que va del sexenio, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó la muerte de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
"No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos", expresó ayer el comisionado para el caso, Alejandro Encinas.
"No hay ningún indicio de vida, y eso no es una coincidencia con la 'verdad histórica', es una triste realidad", dijo en conferencia de prensa, para separar esta conclusión, presentada casi ocho años después de los sucesos, con la "verdad histórica" o hipótesis que la entonces Procuraduría General de la República presentó el 27 de enero de 2015: que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados al ser confundidos por el grupo criminal Guerreros Unidos con miembros de la banda rival de Los Rojos.
Encinas se negó a admitir semejanzas fondo entre las dos conclusiones, pero reconoció que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado, como habían señalado los familiares de los 43.
"En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas", indica el informe.
"En resumen, se trató de un crimen de Estado", ratificó Encinas.
Señala el informe la participación de policías de Iguala y de Huitzuco, el traslado de otro autobús hacia Morelos, librando todos los retenes y que la Secretaría de la Defensa Nacional, que tenía infiltrado al grupo de los 43, no hizo nada ni siquiera para conocer el paradero de su agente, el soldado Julio César López Patolzin.
"Desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos", acusó.
Hasta ahora, la exigencia de los padres era presentar con vida a los 43, al tiempo que rechazaban que todos hubieran sido asesinados, como afirmó el 17 de octubre de 2014 el sacerdote Alejandro Solalinde.
Los familiares de los 43 estudiantes se reunieron ayer con el Presidente López Obrador, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el Fiscal Alejandro Gertz.
Los familiares salieron de Palacio Nacional sin dar declaraciones, mientras que Encinas dio rueda de prensa en solitario.
El subsecretario de Derechos Humanos informó que hay una lista de 33 funcionarios federales y municipales, así como integrantes del grupo delincuencia Guerreros Unidos, acusados penalmente, pero deslindó al ex Presidente Enrique Peña Nieto.
"Él no está, en esto no", dijo al mencionar posibles órdenes de aprehensión.
Y luego añadió que corresponde a la Fiscalía General de la República fincar responsabilidades.
Encinas explicó que las conclusiones fueron obtenidas del análisis de 41 mil 168 documentos, expedientes, testimonios, análisis de comunicaciones telefónicas, intervenciones telefónicas de Estados Unidos a Guerreros Unidos, 17 mil 20 sesiones de audio y 101 acciones de búsqueda.
"Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes", precisó, sin revelar quién dio esa instrucción.
Sólo reveló que, como parte de la disputa entre los Guerreros Unidos y Los Rojos, el 10 de julio de 2014 la PGR decomisó 107 kilos de heroína pura sobre la carretera a Puebla y que los agentes reportaron nada más 24 kilos, y que este asunto no ha sido esclarecido.
Encinas también informó que en febrero pasado fueron hasta Israel, donde está refugiado Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de alterar pruebas para fabricar la "verdad histórica", para ofrecerle un "criterio de oportunidad" a cambio de colaborar en el paso, pero que no la aceptó.
El subsecretario insistió en desmentir la "verdad histórica" que presentó hace cuatro años el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
"Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar", afirmó.
