Gerardo Valdivieso Parada
JUCHITÁN, Oaxaca.- El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) determinó que hubo violencia política en razón de género en contra de la presidenta municipal electa de San Dionisio del Mar, Sonia Luis Gallegos, ejercida por los dirigentes del Partido Redes Sociales Progresistas.
Los magistrados coincidieron en aplicar una multa a los ciudadanos denunciados por la presidenta electa: Jorge Luis Ramírez Jiménez, Jorge Castellanos Pinos y Alejandro Orozco Gutiérrez, por haber realizado actos de violencia política en razón de género en perjuicio de la denunciante.
Además, el TEEO ordenó a la Secretaría General de Gobierno (Segego) y a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) para que brinden la seguridad suficiente para que Sonia Luis Gallegos tome protesta en calma como presidenta municipal en este municipio ikoots, luego de la amenaza de impedir la ceremonia por parte de las personas denunciadas.
En la denuncia presentada por Sonia Luis Gallegos, que dio lugar al proyecto de resolución relativo al proyecto especial sancionador y que la Comisión de Quejas y Denuncias del TEEO inició de oficio el expediente, se relata los actos de violencia realizadas en la comunidad ikoots luego de la jornada electoral, en donde la denunciante obtuvo la mayoría de votos.
En ella se refería que con la amenaza de lincharla cerraron los accesos del pueblo para evitar que saliera a recibir su constancia de mayoría, después de resultar como presidenta municipal electa en el municipio, lo que no impidió recibir dicha documento a quien encabezó la coalición conformada por los partidos PRI, PAN y PRD.
Sin embargo y posterior a la recepción de la constancia de mayoría, no la dejaron entrar comisiones de vigilancia en la comunidad, que realizaron rondines tanto fuera como dentro de la población e incluso alrededor de su domicilio en el día y en la noche con intimidaciones y amenazas hacia su persona, atentando contra su integridad personal.
En las constancias del expediente se acreditó que la denunciante cuenta con la calidad de presidenta municipal electa y uno de los denunciados fungió como candidato al cargo de presidente municipal.
Con base en lo anterior se acreditó que el resultado de estos actos intimidatorios menoscabó el ejercicio de los derechos políticos electorales, lo que constituye violencia psicológica.
Se advirtió que los denunciados tenían la intención clara de desestabilizar políticamente el municipio, inclusive deslegitimarla como presidenta “al referir en sus asambleas informativas que no reconocían el triunfo de la denunciante”.
