JUCHITÁN, Oaxaca.- Controversia ha causado entre defensoras de derechos de las mujeres indígenas la reforma en el Congreso Estatal a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca (LIPEO), sobre la paridad en la repartición de los cargos comunitarios en los municipios que se rigen por Sistema Normativo Interno, popularmente conocido como usos y costumbres.
El 28 septiembre diputados de Morena, del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, aprobaron modificar que la participación de las mujeres de un cincuenta por ciento en los cargos en los Ayuntamientos que se rigen por usos y costumbres no sea obligatorio.
La iniciativa partió de la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Juárez, que al tomar en cuenta que en sus comunidades los cargos no reciben remuneración, la obligación de servir en sus comunidades cuando son mujeres cabezas de familias o viudas que viven al día, la obligatoriedad les representa “violencia política”.
“La ley obligaba a la paridad en los cargos públicos y esto estaba generando algunos conflictos en municipios de usos y costumbres porque ahí no todas las mujeres están interesadas en la participación política y casi las obligaban a tomar cargos para cumplir con la paridad”, opinó Irma Pineda Santiago, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
La reforma para algunas feministas y líderes indígenas significa un retroceso, ya que violenta el derecho de las mujeres a ganar espacios de representación, en las planillas y en los cargos en los Ayuntamientos.
Comprender cosmovisión de los pueblosPara la poeta binnizá al satanizar la decisión de las mujeres de la sierra de no ser obligadas a asumir los cargos, no se comprende las dinámicas de estas comunidades de usos y costumbres, por tener una visión más urbana.
“No entienden que las mujeres en municipios de usos y costumbres no quieren participar porque es una carga adicional a todas sus labores como mujeres de familia y mujeres productivas económicamente. El cambio que se propone es que sí haya paridad en las candidaturas pero no la obligatoriedad en los cargos”.
Agregó que la obligatoriedad de que las mujeres ocupen la mitad de las planillas y los cargos en los Ayuntamientos ha provocado que se coloquen a mujeres controlados por dirigentes hombres, o entren en una dinámica en la que ya no reivindican el derecho de las mujeres y pierden su identidad de género.
Se requiere posición de EstadoPor su parte, la defensora de los derechos políticos de las mujeres en Oaxaca, Karina Regalado, dijo que pareciera que entre las defensoras de las mujeres se estuvieran confrontando por el tema, “cuando aquí el que tiene que garantizar la no violencia para participación efectiva de las mujeres indígenas es el Estado, desde sus tres poderes y en todos sus niveles de gobierno, no solo las mujeres las que nos tenemos que conflictuar”.
Consideró que sí es necesario la paridad, pero sin violencia y con las condiciones de igualdad “más allá de la paridad del 2023 o no, es exigir al Estado una posición para crear condiciones de igualdad, con acciones afirmativas, es decir, las mujeres de todos los pueblos deberían de tener las mismas condiciones para no ser violentadas”.
Agregó que debería exigírseles a los 570 municipios la paridad y las mujeres que accedan a esos cargos, tienen que hacerlo con el estado garantizando la igualdad de condiciones que los hombres.
Al ser Oaxaca un estado en que el 73 por ciento de los municipios se rige por sistemas normativos indígenas y el 82 por ciento de su territorio es propiedad social, opinó que si no se obliga a la paridad “los hombres van a seguir decidiendo hasta cuando ya están preparados para esta paridad”.
