JUCHITÁN, Oaxaca.- La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOIO), anunció este viernes el amparo colectivo interpuesto ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, contra proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ZEE y mineros, que se pretenden realizar en la región del Istmo.
Pueblos indígenas unidos
De reciente integración y conformada por diversos pueblos y organizaciones sociales, binnizá, Ikoots, mixes, chontales y zoques del Istmo de Tehuantepec, aseguran que se organizaron para defender sus territorios de los megaproyectos impulsados por el gobierno federal.
En conferencia de prensa, informaron que el pasado jueves presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, firmado por mil 800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán de Zaragoza, San Blas Atempa, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Mateo de Mar, Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec.
El abogado de la organización, Ricardo Lagunes Gasga, dijo que este amparo tiene el propósito de defender los derechos de los pueblos indígenas, ante la infraestructura que se pretende construir en sus territorios, sin su consentimiento.
Aseguró que este megaproyecto, desconoce dolosamente la existencia de pueblos indígenas en la región y sin realizar una consulta, planean ya el inicio de la segunda etapa de instalación de más parques eólicos.
“El estado pretende evitar garantizar los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional, en materia de pueblos indígenas; por ello el amparo colectivo, para que estos derechos sean resguardados”.
Dudas sobre las eólicas
Al respecto, Betina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, reveló que desde hace varios años han visto cómo van imponiendo los parques eólicos, afectando la vida, la cultura y los bienes naturales de las comunidades.
“El gobierno federal autorizó una segunda expansión eólica adicional de 3 mil 683 MW, que implica triplicar la capacidad de generación que actualmente se tiene, que son 2 mil 192 MW, con alrededor de mil 900 aerogeneradores en 22 parques eólicos”.
Señaló que esta segunda fase también está siendo impuesta con promesas de desarrollo y crecimiento, tal y como lo hicieron cuando llegaron por primera vez, anunciando progreso, desarrollo, derrama económica, “pero lo que se ha visto es acaparamiento de tierras, falta de empleo, disminución en la producción agrícola y el incremento del crimen organizado”.
Dijo que los beneficios han sido mínimos, pues nada de la energía que se produce en la región, es para uso de la población, sino que es vendido a empresas privadas.
Añadió que las empresas eólicas tampoco cumplen con compromisos sociales y ni siquiera pagan impuestos municipales, “tan solo en el 2015, en impuestos la cifra era de dos mil 859 millones 604 mil 530 pesos”.
La migración de familias a otras entidades para trabajar en los campos agrícolas tampoco ha decrecido, lo que significa que no hay empleos en la región.
