CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la polémica por el impacto social y ambiental de los proyectos prioritarios del Gobierno federal, organismos internacionales y organizaciones civiles alertaron sobre los abusos y despojos que persisten contra las comunidades indígenas.
En una reseña sobre el conversatorio "Hacia una agenda legislativa garante de los derechos a la libre determinación, al territorio y a los modelos propios de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes", realizado en el Senado, activistas y defensores de los derechos humanos denunciaron que los proyectos privilegian a empresas y particulares, por encima de los pueblos originarios.
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, aseguró que el modelo neoliberal persiste y depreda, mientras el régimen agrario dificulta la libre autodeterminación de los pueblos.
"El modelo de desarrollo dominante no toma en cuenta las necesidades y aspiraciones de esta población, y privilegia solamente la extracción intensiva de sus recursos, sean mineros, forestales o petrolíferos", acusó.
El representante de Naciones Unidas expuso que en México hay más de 300 concesiones para la explotación de los recursos mineros, que debían traducirse en beneficios para las comunidades indígenas.
"Pero la realidad muestra que hay daños al medioambiente y a la economía de los pueblos originarios", aseveró.
"Las llamadas consultas a las comunidades donde se ubican las minas, ha sido letra muerta o bien han causado perjuicios que han llevado a conflictos internos".
Marco internacional
Jarab expresó que la ausencia de una legislación en materia de derechos humanos para los indígenas del País no exime al Estado de brindarles un marco de libertades e igualdad, máxime si hay empresas involucradas.
También propuso que las consultas se efectúen bajo el marco internacional vigente, pues urge su reforzamiento en México.
"Es necesario destrabar para brindar autodeterminación y desarrollo de los pueblos indígenas, es el relativo a la actual legislación agraria, que no contempla la protección de la tenencia de la tierra y su uso para las diversas etnias. Se deben salvaguardar sus derechos territoriales", manifestó.
El funcionario explicó que la violencia se ha ensañado contra los indígenas y sus defensores, tras detallar que durante 2017 fueron asesinados siete defensores de derechos indígenas, mientras que en 2018 fueron 13 y, en lo que va del año, ya suman siete.
Istmo, el ejemplo
A nombre de algunas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, Bettina Cruz, expuso que el actual modelo económico neoliberal trastoca los bienes naturales de diversos pueblos.
Cruz aseguró que si bien hay diversos proyectos industriales y megaproyectos de desarrollo, estos se han traducido en engaños, desalojó y despojo, ante los cuales es muy dificultosa la defensa de los derechos indígenas.
La representante consideró que los megaproyectos se convertirán, a la larga, en una frontera entre dos Méxicos.
"Hemos solicitado información en distintas instancias y a la fecha nadie nos ha explicado". Observamos que diversos proyectos grandes, como los mineros, sólo han dejado serias secuelas, como deforestación o la desaparición de quienes protestan", dijo.
"A la fecha no hemos sido beneficiados por ningún megaproyecto en desarrollo en el Istmo. Al contrario -dijo- somos víctimas de la violencia, de la criminalización y el asesinato de los compañeros que llegan a alzar la voz. El crimen organizado también sentó sus raíces".
Ayer, durante una gira por Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador atestiguó manifestaciones de inconformidad contra el proyecto del corredor económico que pretende impulsar en el Istmo.
Este domingo, al encabezar un mitin en Juchitán, Oaxaca, el Mandatario realizó una consulta a mano alzada para preguntar a los pobladores si están de acuerdo con su propuesta.
