La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo interpuso un amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante los Juzgados de Distrito, ante el permiso otorgado por el gobierno federal para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional EDF Energies Nouvelle, sin mediar una consulta previa.
Juan Antonio López, coordinador del Área de Justicia Transnacional de Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc), organización que acompaña a la comunidad, explicó que los habitantes de Unión Hidalgo se reconocen como parte del pueblo indígena zapoteco y al conceder el permiso la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se viola su derecho a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, subrayó que limita el principio de consulta culturalmente adecuada porque deberá ser la misma comunidad quien dicte los tiempos necesarios para garantizar su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
Explicó que la comunidad indígena, mediante solicitudes de acceso a la información, tuvo conocimiento del permiso solicitado por la empresa el 27 de abril pasado y de su posterior autorización el 29 de junio con el número de resolución RES/1219/2017.
En el permiso se estipula que la “Central Eólica Gunaa Sicarú” contará con 96 aerogeneradores, con una capacidad de dos mil 625 megawatts cada uno, para generar un total de hasta 252 megawatts y una producción anual estimada de 825.7 gigawatts hora, por un periodo de 30 años, detalló.
Precisó que el permiso dispone el inicio de obras el 1 de diciembre de este año y su terminación el 31 de mayo del 2019, para empezar a operar el 1 de junio de ese mismo año.
Aparte de esto, subrayó que el permiso afecta la propiedad y posesión de las tierras comunales a los habitantes, porque para legalizar su arbitraria introducción han firmado contratos de arrendamiento con supuestos pequeños propietarios, violentando así sus derechos como comunidad indígena y el reconocimiento legal del Registro Agrario Nacional.
López dijo que la comunidad también reportará el caso a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli, pues el Estado mexicano debe garantizar su certeza jurídica y derechos humanos.
