UNIÓN HIDALGO, Oaxaca.- El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), instó a la empresa francesa Électricité de France (EDF) a cumplir con su deber, bajo la ley francesa de identificar riesgos de violaciones a los derechos humanos en sus operaciones globales, en particular en esta comunidad en la que pretende instalar una planta eólica.
En una carta formal que también suscribieron defensoras y defensores comunitarios, representantes comunales de esta población apuntaron que aunque el objetivo de la instalación de parques eólicos es producir energía “verde” y “limpia”, las violaciones de derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec ha sido sistemática desde el inicio de la instalación de dichos proyectos.
Prevenir violación de derechos de indígenas
El ECCHR, organización con sede en Berlín, enfatiza la ausencia de identificación de riesgos en derechos humanos, así como de medidas adecuadas en el plan de vigilancia de EDF para prevenir de forma efectiva la violación de derechos de los pueblos indígenas.
Entre los derechos identificados se encuentran los de consentimiento previo, libre e informado, defender derechos humanos, así como de acceso a la información y participación pública en procesos de toma de decisión; todos ellos relacionados con el proyecto eólico de EDF denominado “Gunaa Sicarú”.
Este proyecto representa una inversión de 353 millones de dólares estadounidenses en una central eólica que constará de 115 aerogeneradores y sería desarrollada en tierras de la comunidad de Unión Hidalgo.
Las y los peticionarios de la carta lamentaron que el proyecto "Gunaa Sicarú" se lleve a cabo en un contexto adverso que obstaculiza el acceso de la comunidad indígena a su derecho a la libre determinación.
La subsidiaria mexicana de EDF, Eólica de Oaxaca, ha sometido a autorización y obtenido varias medidas administrativas. La empresa firmó contratos antes de que la comunidad fuera informada de la existencia del proyecto y pudiera otorgar su consentimiento, tal y como señalan los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, la carta resalta que la comunidad de Unión Hidalgo ha sido excluida del proceso de toma de decisiones relacionado con la planeación del proyecto, así como de la elaboración de las evaluaciones de impacto social y ambiental.
Defensores comunitarios son criminalizados
Resaltaron en la misiva las divisiones que han surgido en la comunidad desde la llegada del proyecto "Gunaa Sicarú". A partir del inicio del proceso de consulta indígena, que es obligación del Estado mexicano, los incidentes de seguridad y agresiones se han incrementado.
De forma similar, las defensoras y defensores comunitarios de Unión Hidalgo han sido estigmatizados, hostigados, amenazados y criminalizados públicamente por promotores del proyecto "Gunaa Sicarú".
Por esta razón, pidieron formalmente a EDF que cumpla con su propio deber de vigilancia, tal como se establece en la Ley Francesa No. 2017-399 emitida el 27 de marzo de 2017, y para que especifique en su Plan las medidas apropiadas a ser implementadas para prevenir y mitigar los impactos de sus actividades en materia de derechos humanos y medio ambiente.
