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A 43 años de la masacre de estudiantes 

Foto(s): Cortesía
Redacción

JUCHITÁN, Oaxaca.- La masacre de estudiantes el 22 de febrero de 1977, frente a la cárcel, fue uno de los sucesos que llevó a la caída del entonces gobernador Manuel Zárate Aquino. En la actualidad, un número considerable de juchitecos rememora esos días convulsos que iniciaron en diciembre de 1976 y una organización política se montará en el suceso histórico realizando una marcha este domingo.


Camilo Vicente Ovalle, quien se documentó, tanto en archivos como en campo, de los acontecimientos previos y posteriores, ha escrito sobre los sucesos en publicaciones y en libros.


La lucha


El historiador juchiteco cuenta que el conflicto inició cuando las líneas camioneras aumentaron el pasaje, la recién fundada Coalición Obrera Campesina y Estudiantil del istmo (COCEI) llamó a la movilización y “el 6 de diciembre estudiantes del Instituto Tecnológico Regional del Istmo No. 19 (ITRI), secuestraron 20 unidades de transporte”.


En respuesta, los transportistas suspendieron el servicio desde Matías Romero hasta Salina Cruz.


El 15 de diciembre, los presidentes municipales de Matías Romero, El Espinal, Ixtepec, Ixtaltepec, Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz, emitieron un volante responsabilizando de la crisis a los estudiantes vinculados a la COCEI, solicitando la intervención de la autoridad federal.


En la madrugada del martes 20 de diciembre, la policía del estado, con apoyo de elementos del Ejército, encabezado por el Mayor de Infantería, Gerardo García Sánchez, jefe de la Policía de Seguridad Pública del Estado, tomó por asalto las instalaciones del ITRI, rescatando las unidades y deteniendo a 30 estudiantes.


Aunque las calles de la ciudad fueron patrulladas por el Ejército y la policía estatal para disuadir a la manifestantes, “las movilizaciones en la región fueron en aumento, no sólo estudiantiles, sino campesinas y obreras.


Crisis 


El conflicto asumió características de crisis social.


Persistentes en la lucha contra el aumento del costo del transporte, al que se le había sumado la eliminación del descuento especial a los estudiantes, detalla el escritor. 


El 26 de enero de 1977 las Escuelas Técnicas Agropecuarias 197 y 198, de El Espinal e Ixtaltepec, respectivamente, suspendieron labores; también lo hicieron la Escuela Técnica Industrial 187 y la Escuela Secundaria Federal 13, en Juchitán, sumándose la Preparatoria 4, en Tehuantepec. Las movilizaciones siguieron.


El 21 de febrero, estudiantes de la Secundaria Federal 13 y de la Técnica Industrial 187 tomaron un autobús en Juchitán. Una patrulla de la policía del estado les bloqueó el paso, provocando que el autobús la impactara, 38 estudiantes fueron detenidos y llevados a la cárcel, la mayoría fueron liberados, mientras una docena quedaron presos.


Al día siguiente, el martes 22, militantes de la COCEI, estudiantes y padres de familia se trasladaron a la cárcel para exigir la liberación de los detenidos, entre los que había menores de edad.


“La policía del estado, según los reportes de la Dirección Federal de Seguridad, abrió fuego disuasorio ante la posibilidad de que los manifestantes, armados ‘con palos y piedras’, entraran al penal y liberaran a los estudiantes, pero ‘al darse cuenta de que esos alumnos no se detenían, abrieron fuego contra ellos”, documenta Camilo Vicente.


Las consecuencias 


No hubo un enfrentamiento porque los manifestantes indefensos corrieron para salvar la vida, hubo una gran cantidad de heridos, aproximadamente 20 de gravedad. Hubo dos muertos: José Luis Luna Cristóbal, de 11 años y Norberto Vázquez Vázquez, de 16 años.


Se reportaron 11 desaparecidos de los que, dos días después, fueron encontrados en una barranca en Santa Cruz Bamba, los cuerpos de Víctor Pineda Vázquez, Héctor Velázquez Figueroa y Manuel López Salinas, dos obreros y un campesino, mutilados y con un balazo en la frente.


La respuesta cobarde y la caída


La justificación que dio el gobernador ante la muerte de los niños por las balas de la policía, fue que estaban de “mirones”.


Ante las protestas en todo el estado y en la capital, que repudiaban la agresión, el Presidente de la República, José López Portillo, decidió destituirlo.