A pesar de que el triple asesinato de la madrugada de ayer en Juchitán de Zaragoza exhibió el desvió de recursos públicos del Gobierno del Estado para las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la fiscal Especial para Delitos Electorales en Oaxaca, Esther Araceli Pinelo López, descartó la existencia de algún delito electoral.
Contactada vía telefónica, argumentó que el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, quien era jefa de comunicación social de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y de manera ilegal fue comisionada, para cubrir actividades proselitistas en Juchitán, no tiene ninguna competencia con la fiscalía a su cargo.
“No es ningún delito electoral, porque tendría que seguirse una investigación de acuerdo al delito que se cometió”, “directamente no”, “no tiene nada que ver, sería muy irresponsable hacer una declaración de esa manera, primero tendría que informarme, tener los datos concretos y emitir una opinión y revisar el caso”, se excusó.
Sin embargo, de acuerdo al artículo cuarto de la Ley General en materia de delitos electorales, “el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley”.
En el apartado III del artículo once de la misma Ley, se señala que se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que “destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato”.
Además, en el apartado IV estipula que infringe esa Ley quien “proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”.
Tras los hechos un sinnúmero de periodistas se han solidarizado con la periodista Soledad Jarquín Edgar, como su compañera y presidenta de la Casa de los Derechos de los Periodistas, Sara Lovera López, quien exigió una investigación rápida, a fondo y que permita saber con certeza qué pasó.
A través de un comunicado el Instituto Nacional de las Mujeres lamentó y la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), condenaron y exigieron justicia por los asesinatos de Pamela Terán, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Guerra.
