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Gobiernos, obligados a garantizar la seguridad

Foto(s): Cortesía
Redacción

JUCHITÁN, OAX.- La captura de un presunto delincuente la noche del pasado martes, por parte de integrantes de la junta vecinal Daniel C. Pineda de la Segunda Sección, movilizó a la Policía Municipal para hacerse cargo del detenido por los residentes de la calle Morelos.
Sobre este hecho, el representante de Profesionistas y Empresarios por el Istmo, A. C. PROEMPI, Juan José González Dávar, señaló que todo ciudadano tiene el derecho de tomar las previsiones necesarias para evitar ser víctima de robos, asaltos y de cualquier cosa que pueda poner en riesgo su patrimonio, su vida o la de su familia, "sin que esto sea para hacerse justicia por cuenta propia".
En ese sentido, opinó que la instalación de alarmas vecinales, cámaras de vigilancia, cercos eléctricos o coordinarse a través de redes sociales o líneas telefónicas para vigilarse en grupo, “es un derecho que todos tenemos”.
Pero también les corresponde a las autoridades tomar las medidas preventivas para estar vigilantes de los hechos delictivos, que por su creciente número, es necesario incrementar los mecanismos de vigilancia, rondines e invertir más en la seguridad.
La preocupación por la inseguridad, que atañe a todos los sectores sociales, productivos o familiares, debe ser abordada con la prontitud que lo amerita y no dejar que ocurran estas detenciones ciudadanas donde en muchas veces se desbordan los ánimos.
El empresario juchiteco dijo que la inseguridad pública, los bloqueos carreteros y otros temas más, también impactan negativamente a la comunidad pues provocan una disminución en la movilidad social.
Señaló que la gente no quiere salir, prefieren hacer sus compras en su comunidad y evitar tomar carreteras para dirigirse hacia algunas ciudades catalogadas como de alto riesgo.
“Decir vamos a Juchitán en tiempos complicados, probablemente entre Salina Cruz y Juchitán hay un bloqueo carretero, mejor nos quedamos quietos, provocando que se inhiba la movilidad social y como consecuencia caiga la actividad comercial y productiva”.
La situación de inseguridad también inhibe a las futuras inversiones, el que Juchitán sea catalogada por el mismo gobierno con base en las estadísticas, como un lugar difícil, “los inversionistas lo primero que hacen es revisar a dónde se van a instalar y si hay garantías suficientes vendrán y si no cambiarán de destino”.
Pero para los inversionistas que ya están instalados en la región, también tienen problemas de crecimiento, quienes están más preocupados en cuidarse que en estar planeando abrir futuras sucursales o generar más empleos.
“La falta de una estabilidad social, la falta de garantías para la inversión, inhibe el desarrollo que es una de las etapas por las que estamos atravesando en estos momentos”.
González Dávar insistió en que la solución de estos problemas siempre ha estado y está en manos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes tienen la responsabilidad de vigilar por los intereses y cuidar a la ciudadanía, pues es un acto contemplado en la Constitución y en todas las leyes secundarias.
“Se ha insistido en el reforzamiento de la seguridad pública en la región, pero si no ha habido una atención adecuada esto hace que las cosas se salgan de las manos”.
Po último, sostuvo que para los candidatos a cargos de elección popular el tema de la inseguridad pareciera ser tabú, pues lo tocan de manera muy sutil, “pero a este tema hay que invertirle, no solo en la parte operativa, sino disuasiva, preventiva, recuperación de los valores. Es un tema complejo que debe tener una estructura acorde a las necesidades de cada región”.