Gerardo Valdivieso Parada / Noticias, Voz e Imagen del Istmo
JUCHITÁN, Oaxaca.- Luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha creado incertidumbre y riesgos de que se desate la violencia, los comuneros zoques y la sociedad civil que los ha acompañado en su lucha en la defensa de la selva de los Chimalapas, pedirán que se retome una mesa interinstitucional de alto nivel en donde se convoque a todas las partes de la zona todavía en conflicto.
Miguel Ángel García Aguirre, del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, dijo que a fines de 2011, a instancia de los comuneros Chimalapas que presionaron al gobierno de Oaxaca, se instauró una mesa agraria y ambiental presidida por la Secretaria de Gobernación.
La mesa interinstitucional que presidió el entonces secretario de gobernación Alfonso Poiré Romero, tuvo la presencia de los dos estados, las autoridades comunales, la sociedad civil y de las autoridades de la zona en conflicto y se logró firmar un acuerdo de distención para evitar la violencia, el cual se firmó el 22 de diciembre de 2011 en las oficinas de la Secretaría de Gobernación.
Recordó que la propuesta ratificada de los comuneros Chimalapas en la mesa de discusión fue “no queremos sacar a ningún indígena pobre”, pero dijo que no se avanzó en la conciliación porque “como en ese tiempo apenas se había metido la controversia, el gobierno de Chiapas por detrás presionó para que (los núcleos agrarios) no conciliaran que cuando ganara Chiapas iba a sacar a los Chimalapas”.
Por eso dijo que van a pedir “que se reinstale esa mesa presidida por gobernación y con participación de los comuneros, de los dos gobiernos y de nosotros como sociedad civil y que se retome lo que quedó pendiente pero ahora con la inatacable sentencia de la Suprema Corte”.
García Aguirre detalló que hay más de 300 supuestas propiedades privadas o ranchos en la zona de los Chimalapas cuyos dueños son de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Veracruz y de México que se amparan en escrituras apócrifas sacadas con notarios públicos de Chiapas y que son los que están instigando la violencia en la zona, ya que los comuneros zoques luego de la sentencia de la Corte “no los van admitir”.
Agregó que ha resonado mucho la aparición de autodefensas que no representan a las comunidades en la zona “es un grupúsculo armado en tres días por la oligarquía chiapaneca que llegaron de fuera y nadie les quiere hacer caso, porque no son los indígenas”.
El coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste dijo que le preocupa que no se atienda el conflicto debidamente y se llegue a la violencia.
Primero, por las buenas
“Los Chimalapas quieren ir primero por la buena siempre, agotan todas las estancias, pero si el estado viola su propio estado de derecho o los agreden de alguna manera, no los paran, esperan pacientemente pero cuando no les hacen caso toman por su sistema normativo la justicia por su propia mano”.
Recordó los momentos en que los indígenas zoques han actuado cuando el gobierno no les hace caso. “En noviembre de 1986 tomaron preso al hermano del gobernador de Chiapas, el general Absalón Castellanos Domínguez; tenía dos mil hectáreas invadidas en donde hizo un edificio de tres pisos en medio del boque de niebla, lo tomaron preso con todo y sus pistoleros”.
“En 2015 tomaron el juzgado de Matías Romero y lo quemaron, porque capturaron a un pistolero que había matado comuneros y violado mujeres y lo entregaron y en lugar de juzgarlo, el juez lo liberó por una fianza de 40 mil pesos”.
“En 2016 quemaron el supuesto palacio municipal de Belisario Domínguez porque iban a hacer elecciones para presidente municipal, elecciones locales de Chiapas en territorio de Oaxaca”.
