SALINA CRUZ, Oaxaca.- Justicia y cero impunidad es la demanda de la organización Sol Rojo en torno a diversos actos violentos de los cuales han sido víctimas algunos de sus integrantes y simpatizantes.
El último asalto a miembros de esta organización ocurrió el 27 de septiembre cuando fue asesinado Jesús Manuel García Martínez y herido de gravedad Erick Sánchez Gutiérrez en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec.
Ambos hombres son comuneros de Santa Cruz Tagolaba, defensores de la tierra y el territorio que se han mantenido en resistencia contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Sobre estos casos, el vocero regional de la organización, Esauh Aragón señaló las deficiencias que prevalecen en materia de impartición de justicia en Oaxaca, y reseñó cómo han ido violentando a sus simpatizantes.
"Varios de los miembros de la organización hemos sido objeto de amenazas e intimidación, otros hasta han perdido la vida, como sucedió al compañero Jesús Manuel García Martínez y a Luis Armando Fuentes Aquino, quien fuera emboscado y asesinado en Cerro Grande", recordó.
Mientras que el primero fue asesinado a tiros en el domicilio de Erick Sánchez en el barrio de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec; el segundo se dirigía a su casa en Cerro Grande, comunidad de San Francisco del Mar, donde fue emboscado el 11 de abril del 2019, "y de esa fecha hasta ahora no hemos sabido de que se haya castigado a los responsables, la Justicia es solo para los que tienen con qué hacerla efectiva", agregó.
Y "aunque no sucedió en la región del Istmo, por igual condenamos la desaparición del compañero Dr. Ernesto Sernas García, representaba legalmente a 23 miembros de la organización. Lo queremos con vida, este fue un caso de desaparición forzada que ocurrió el 10 de mayo de 2018 y y de esa fecha hasta ahora seguimos exigiendo justicia, lo queremos con vida", insistió.
El solrojista explicó de otros casos donde sus compañeros han sido encarcelados como sucedió con Salvador Pinar Meléndez, quien es originario de Tehuantepec, quien fue detenido y apresado por defender la tierra, pero ante la movilización de la organización el juez resolvió arraigo domiciliario dada su precaria condición de salud, "es hasta donde sabemos continúa el proceso, no sé qué puedan resolver más adelante", reviró.
La causa socialDe su lado, el coordinador estatal del colectivo, Elliot Escobar lamentó la falta de medidas precautorias de las autoridades gubernamentales para toda esta gente que defiende lo que es suyo.
"Hemos denunciado ya ante la opinión pública de las amenazas de las cuales somos objeto, también ante instancias defensoras de derechos humanos, desafortunadamente la autoridad no trasciende estas denuncias, de allí que no se haya justicia para toda esta gente".
"No podemos estar contestando llamadas así como así, como lo hace cualquier persona, porque nos han amenazado, de allí que tomamos nosotros ciertas medidas para solventar este tipo de acoso a nuestras personas; no solo nuestra organización ha sido objeto de ataques, también los militantes de otras organizaciones han sido victimas de los abusos de autoridad, entre ella está Ucizoni, comuneros de San Miguel y Santa María Chimalapas, con quienes hemos hecho alianzas para fortalecer el movimiento, la causa social", puntualizó.
