SALINA CRUZ, Oaxaca.- Trabajadores del Centro de Salud Urbano (CSU) de Salina Cruz denunciaron el acoso, hostigamiento y corrupción que impera en esta unidad médica para el otorgamiento de plazas técnicas. Indicaron que, lejos de privilegiar el profesionalismo, la capacidad y la antigüedad de las aspirantes, resultó que una de las beneficiadas es juez y parte en el proceso escalafonario de la asignación de estos trabajos.
La enfermera Irma Peribán Villa denunció la mafia y corrupción que impera al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 35 y a su dirigente estatal Mario Félix Pacheco, de los jefes jurisdiccionales y de la delegada sindical y secretaria general de la Comisión Auxiliar Mixta del Escalafón Edith Esteva Gallegos y a Celiflora Martínez Matus, encargada de la jefatura de enfermería.
Indicó que estas personas han utilizado de toda clase de artilugios para no permitir que le otorguen las plazas vacantes, de acuerdo con el catálogo sectorial que recientemente quedó abierto por jubilación en esa unidad médica y que por tercera vez le fue otorgada a las mismas personas: Edith Esteva Gallegos y Lourdes Chiñas, desoyendo las recomendaciones que les han emitido distintas autoridades administrativas.
La enfermera exhibió su talón de pago así como un oficio del 09 de abril de 2019, donde los Servicios de Salud de Oaxaca le reconocen tres quinquenios de antigüedad como trabajadora de los SSO; sin embargo, en el dictamen la secretaria general de la Comisión Auxiliar Mixta del Escalafón la propia Edith Esteva Gallegos ha reducido el puntaje de la enfermera para su propio beneficio.
Señaló que en el mes de enero dicha comisión le notificó de manera desfasada y cuando ya había prescrito el término para inconformarse, por tercera ocasión el otorgamiento de la plaza vacante a Edith Esteva Gallegos, por lo que denunció de estos hechos a las responsables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con número de expediente 1543/2019 (4BIS) y 867/2019 (1).
Bajo protesta de decir verdad, Peribán Villa recibió dicha acta en la que por tercera ocasión le asignan esas vacantes a las mismas personas, por lo que señaló que en opinión de su asesor jurídico, la acción constituye un delito penal porque esas bases están judicializadas y no deben otorgarse sino hasta que se concluya el proceso legal.
Ante esa situación, la afectada procedió a la denuncia penal y por igual ante la visitaduría de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante la oficina de la Presidencia de la República y ante la opinión
pública.
La denunciante señaló que no se detendrá en la exigencia de que se respeten sus derechos laborales que ha adquirido por su antigüedad y preparación académica y, si es necesario, acudirá de nueva cuenta ante el propio Presidente de la República, el gobernador del estado y del secretario de Salud de Oaxaca para hacer valer sus derechos, concluyó.
