Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal admitió ayer a trámite el primer amparo que impugna aspectos del llamado "Plan B" de reformas electorales, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
German Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, admitió una demanda que cuestiona la reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), publicada el pasado 27 de diciembre, por la cual los estados y municipios solo pueden dedicar 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación.
Este tope no existía en la versión anterior de la LGCS, y fue impugnado por la Asociación de Municipios de México (AMMAC), una de varias que agrupan a gobiernos locales del país.
Si bien el juez admitió el amparo, se negó a conceder una suspensión provisional para frenar la aplicación de esta norma mientras se tramita el juicio. La AMMAC puede impugnar este fallo mediante queja ante un tribunal colegiado de circuito.
Según la AMMAC, el tope de 0.1 por ciento, y la exigencia de que una Unidad Administradora del gobierno estatal respectivo verifique previamente los programas de comunicación social de los municipios, viola reglas del articulo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental.
La priista Nayeli Gutiérrez Gijón, opositora el dirigente nacional de ese partido, Alejando Moreno, es Presidenta Ejecutiva de la AMMAC, en cuya junta directiva participan alcaldes de varios partidos.
Las reformas a la LGCS, que entre otros puntos modifico el concepto de propaganda gubernamental para que no se sancione a los funcionarios por las opiniones que expresan, así como cambios a la Ley General de Responsabilidades a los Servidores Públicos, fueron la única parte del "Plan B" que el Congreso pudo aprobar en diciembre.
Cuatro partidos de oposición y las minorías en las Cámaras de Diputados y Senadores ya presentaron acciones de inconstitucionalidad para impugnar ambas leyes ante la Suprema Corte de Justicia.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobierno estatal de Coahuila, y municipios de oposición como Durango, Hermosillo, Guanajuato, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Campeche, Querétaro y Mérida, ya también promovieron controversias constitucionales ante la Corte contra la misma reforma, pero todos estos recursos están pendientes de admisión en el máximo tribunal.
