Un tribunal federal condenó ayer a la Secretaría de Marina (Semar) a pagar 3.7 millones de pesos a una mujer de Veracruz que, en agosto de 2012, fue detenida ilegalmente por marinos en su domicilio, torturada durante 12 horas en una base naval y presentada como integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que la Semar incurrió en responsabilidad patrimonial del Estado, por la actuación irregular de sus elementos en el caso de Claudia Medina Tamariz, quien lleva más de 5 años litigando para obtener una reparación del daño.
Además del pago, la Semar tendrá que publicar la sentencia y los fallos penales favorables a Medina, en los mismos medios y con la misma intensidad con la que difundió que era integrante del CJNG.
Medina fue acusada por la entonces PGR de posesión de arma prohibida y otros delitos y, si bien sólo estuvo en prisión dos semanas, tuvo que esconderse por una orden de aprehensión posterior por delincuencia organizada en la modalidad de robo de vehículos, y pasaron casi tres años para la sentencia de un tribunal unitario de circuito que la absolvió, en definitiva, en febrero de 2015.
La Semar nunca resolvió la solicitud de indemnización presentada por Tamariz en 2017, por lo que operó la negativa ficta, es decir, se entendió que rechazaba la petición, pero el TFJA revocó ayer esa negativa y declaró acreditados los hechos que se imputan a la dependencia.
"La actividad irregular del Estado por parte de la Semar tiene origen en la violencia institucional ejercida contra la actora (Medina), en la modalidad psicológica, física y sexual, que se actualizó el 7 de agosto 2021, cuando elementos de esa dependencia allanaron violentamente a su domicilio, y sustrajeron tanto a ella como a su cónyuge, llevándolos a la base naval, donde sufrió dicha violencia", dijo el magistrado Rafael Estrada Sámano, quien presentó la sentencia que el TFJA aprobó por siete votos contra tres.
La Semar siempre sostuvo que Medina y su esposo fueron vistos el 8 de agosto en un vehículo portando un arma larga, seguidos a su domicilio y detenidos cuando el hombre se bajó portando el arma, mientras que la mujer se quedó en el auto, donde tenía una granada y una pistola 9 milímetros.
Ese fue el reporte de los marinos involucrados, que fue la única base para la acusación de la PGR.
Estrada dijo ayer que la condición social de Medina era de pobreza y marginación, y que su marido era el responsable de que hubiera armas en su casa.
Agregó que, como mujer, fue colocada en una situación de vulnerabilidad y sumisión ante las torturas que le aplicaron los marinos, y calificó de "falta de ética, honor, rectitud y trato digno" el haberla presentado ante los medios de comunicación como integrante del CJNG.
Las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el tribunal unitario que absolvió a Medina, ya habían determinado que hubo tortura y fabricación de pruebas en este caso.
