CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad, consejeros del INE descalificaron el "Plan B" de la reforma electoral y ordenaron a la Secretaría Ejecutiva presentar los recursos legales para frenarla al poner en riesgo la elección del 2024.
El Consejo General conoció este miércoles el diagnóstico sobre el impacto de la reforma electoral, que aún debe ser aprobada por el Senado.
Esto pese a que el representante de Morena, Mario Llergo, demandó, al iniciar la sesión, retirar el informe del orden del día, con el argumento de que el "Plan B" aún está en discusión en el Congreso. Sin embargo, por unanimidad, rechazaron su propuesta, y aprobaron que la discusión se adelantara.
Hasta el momento, nueve de los 11 consejeros, incluida Norma de la Cruz, que es ligada con Morena, han desacreditado el "Plan B", advirtiendo que es un retroceso y con elementos de inconstitucionalidad.
Uno a uno, los consejeros ejemplificaron casos concretos del impacto negativo de la reforma. Coincidieron en que son modificaciones que convienen al partido político en el poder.
Las consejeras Carla Humphrey, Norma de la Cruz y Dania Ravel aseguraron que representa un golpe para las acciones afirmativas, que permitían que sectores vulnerables llegaran al Congreso, por lo que ahora se fija un tope, además de que hay retrocesos en materia de paridad y violencia política de género, lo que viola derechos humanos y su progresividad.
El consejero Martín Faz alertó que la propuesta electoral da un golpe a un punto clave de la elección, como es la elección de funcionarios de casillas, al privilegiar a las de mayor edad.
"Con ello se introduce un importante sesgo en la aleatoriedad con que se integran las casillas y se afecta la objetividad en la asignación de los cargos, privilegiando en los cargos más altos a un sector de la población directamente beneficiado por programas sociales, antes que a las personas con mayor escolaridad para recibir y contar los votos", afirmó.
Ravel aseguró que los cambios sobre propaganda electoral, permitiendo que ahora todo funcionario público quede exento de una sanción o límites, argumentando libertad de expresión.
Además cuestionó que se le dé el poder de decisión al titular del órgano Interno de Control, Jesús George, aliado de Morena, pues, contrario a la Constitución, ahora se propone que pasen por sus manos decisiones cuando su papel es únicamente como fiscalizador.
