SALINA CRUZ, Oaxaca.- Varios han sido los establecimientos comerciales que en Salina Cruz han sido clausurados porque no han cubierto el pago por continuación de operaciones, tal como lo establece la Ley de Ingresos; los representantes de las empresas que se han visto afectadas han argumentado que el cobro de este derecho ha, incluso, triplicado su valor, razón que les ha impedido cubrir el pago ante la Tesorería Municipal.
El hecho ha sido calificado como "terrorismo municipal" por parte de la administración que encabeza Juan Carlos Atecas Altamirano, quien a últimas fechas a estado en el ojo del huracán y ha sido señalado de violentar la libertad de expresión al clausurar las operaciones de un canal local.
De igual modo, las negociaciones con venta de bebidas alcohólicas han sido blanco de esta estrategia que usa el gobierno municipal para captar recursos y misma que ampara en la Ley de Ingresos.
Sin haber sido aprobada la Ley de Ingresos municipal para el presente ejercicio fiscal, y bajo el pretexto de que los propietarios de estos negocios no han renovado sus licencias de funcionamiento, servidores públicos se han dado a la tarea de clausurar diversos negocios como tiendas Bama, Megacable y tienen en la mira -de acuerdo con fuentes del interior del municipio- a tiendas como Liverpool y aquellos negocios que ofrecen productos de Grupo Modelo, aseguran.
Sin transparencia
Cabe destacar que durante la administración de Rodolfo León Aragón esta fue una medida implementada para coaccionar a las empresas cerveceras a renovar sus licencias de funcionamiento y con lo cual se hicieron de un importante ingreso para las arcas municipales, toda vez que el pago de ese derecho fue realizado con prontitud.
Ante esta situación, el regidor de Turismo, José Antonio Carmona Hernández indicó que el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos no ha sido aprobado en sesión por el cabildo municipal, pues se requiere de mayoría calificada para formalizar este acto, por lo que ante esta situación se aplicará supletoriamente la correspondiente al año inmediato anterior.
Señaló que las afectaciones por esta acción municipal constituyen un abuso de la autoridad y están enfocadas a ampliar la recaudación de recursos por parte del gobierno, recursos que no han sido transparentados, dijo, por ello es que de forma conjunta con los concejales de oposición, un morenista y una petista se oponen a estas políticas.
En ese contexto, Oswaldo Castillo, locatario del mercado Ignacio Zaragoza, aseguró que desde el inicio de esta administración, fueron objeto de acciones similares por parte del gobierno municipal, pues les pretendieron cobrar por la continuidad de sus operaciones al interior de este recinto por lo que hay un pleito legal que hasta la fecha no se ha concluido.
Ceden empresarios
Son varios ya los abusos cometidos por los funcionarios municipales que apoyan a Atecas, que amparados en la mayoría simple que tienen en el cabildo, omiten y evitan a toda costa dar a conocer sobre la información financiera y administrativa acerca de los actos que realiza el Ayuntamiento porteño dirigidos precisamente a empresarios locales y los grandes consorcios.
Las denuncias de coacción por parte de la autoridad municipal se amplían a constructoras y sindicatos de trabajadores que han sido conminados a compartir el escaso trabajo que hay, donde los empresarios para no perder el permiso de construcción han tenido que ceder a los caprichos
del gobernante en turno.
Bajo este supuesto, la ciudadanía, señaló Castillo, los empresarios locales viven en la incertidumbre de ser objeto de este tipo de acciones que empañan la tranquilidad de la actividad comercial y que afecta por igual a empleados y trabajadores de estos negocios que han sido clausurados de forma arbitraria pues no hay la materia de trabajo, denunció.
