UNIÓN HIDALGO, Oaxaca.- Cuando Guadalupe Castellanos, integrante de la Asamblea de Comuneros de esta población, toma la palabra en las reuniones para el proceso de consulta indígena, es insultada por los propietarios de tierras y sus acarreados. Las palabras groseras llenas de odio, no paran aún cuando es una mujer indígena ya mayor.
Las palabras de la comunera son firmes y seguras, no se inmuta en el griterío y de los epítetos insultantes de los acarreados principalmente hombres; presenta documentos de sus amparos contra la forma arbitraria en que se lleva la consulta; y ante la molestia de algunos organizadores y los propietarios, afirma que no siempre la mayoría tiene la razón.
El clima de violencia ha aumentado cuando avanza el proceso de consulta indígena, por eso las indígenas en defensa de la vida en el Día Internacional de la Mujer manifestaron su gran preocupación “por la forma arbitraria y deshonesta en que se están realizando las sesiones de consulta sobre la construcción del proyecto central eólica Gunaa Sicarú en tierras de Ranchu Gubiña”.
Informaron que como mujeres susceptibles de violencia “nos sentimos cada vez más vulnerables ante la criminalización de que hemos sido objeto, por participar de manera objetiva en este proceso, porque para nosotras el derecho a la vida es nuestro principal principio, así como el derecho a vivir en paz y en armonía; y tanto la naturaleza y sus recursos representan nuestra madre tierra como madres somos todas”.
Denunciaron la opacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes en complicidad con los interesados en que la planta eólica se instale, permiten la violación flagrante de sus derechos humanos, por lo que exigieron al Estado ejerza su responsabilidad y obligación de proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Aseguraron que en su comunidad existe una polarización social gracias a las empresas eólicas y que muchas mujeres se resisten a participar directamente en este proceso “por temor a ser señaladas, estigmatizadas o lo que es peor ser amenazadas entre otras inconveniencias como los días y horarios adecuados en las asambleas y sobre todo falta de información que ha generado cierta apatía”.
Denunciaron que su labor en la defensa del territorio no ha sido fácil ya que les ha significado un riesgo latente y creciente por lo que demandaron “la cancelación definitiva de dicho proyecto”.
