Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la situación que vive la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, donde la Comisión Reguladora de Energía (CRE), otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional Électricité de France (EDF) Energies Nouvelle, sin haber realizado una consulta libre, previa e informada.
En un manifiesto, expusieron que diferentes organismos y actores internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos y el Relator para la situación de las personas defensoras de la ONU, se han pronunciado a través de recomendaciones al Estado mexicano, sobre cómo debería realizarse una consulta en ese pueblo indígena zapoteca y cuáles son los criterios a tomar en cuenta para que el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se realice bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Además, subrayaron que según los más altos estándares de derechos humanos, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se debe garantizar en las etapas preliminares de los proyectos.
Esto incluye actos administrativos y cada una de las fases que impliquen la implementación de los mismos, ya que su propósito es garantizar que los pueblos indígenas participen de forma activa en las decisiones y acciones que afecten su vida, su tierra, territorio y bienes naturales, señalaron.
Consideraron que el gobierno mexicano al otorgar este permiso da un mensaje de incertidumbre para las comunidades y los pueblos indígenas, quienes son además dueños legítimos de las tierras.
Hicieron un llamado al gobierno federal y estatal para que deje sin efectos este permiso y realice un proceso de consulta libre, previa e informada, que contemple el consentimiento de la comunidad de Unión Hidalgo.
Pues, las comunidades deben participar activamente en la planeación del procedimiento de consulta para garantizar que se realice en un marco de respeto a los derechos humanos y específicamente a los derechos de los pueblos indígenas.
