La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajó el pasado martes los amparos interpuestos por comuneros de Juchiitàn de Zaragoza contra la consulta indigena a la que fueron sometidos en los años 2014 y 2015.
El máximo tribunal del país analizará el proceso de consulta para la realización del proyecto eólico de la empresa Eólica del Sur, filial de la trasnacional Mitsubishi, ya que los afectados denuncian que las autoridades mexicanas violaron los estandares internacionales para información y opinión de los habitantes de las comunidades implicadas.
La consulta en cuestión, llevada al máximo tribunal del país, fue para México la primera a una comunidad indígena desarrollada en el marco de la reforma energética del 2013.
La Primera Sala de la Suprema Corte sesionó públicamente el día 02 de mayo del presente y decidió atraer para su resolución el fondo del asunto, los amparos en revisión 166/2017 y 476/2017, presentados en contra de las sentencias dictadas por los Juzgados Séptimo y Sexto de Distrito (respectivamente) con residencia en Salina Cruz, Oaxaca.
Omisiones
Los abogados representantes de los afectados, agrupados en la asociación ciivl Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, sostienen que en dicho proceso de consulta existieron violaciones como el otorgamiento de los permisos por parte de las autoridades administrativas para la generación de energía eléctrica y la autorización de impacto ambiental antes de que la comunidad fuera consultada.
También la falta de acceso a la información pertinente, suficiente, útil y de calidad; la ausencia de adecuación cultural del procedimiento a las necesidades culturales de la comunidad, y la falta de cuidado de las autoridades responsables del proceso frente a la cosmovisión indígena zapoteca de la comunidad.
Además de la existencia de más de 30 incidentes de seguridad.
Ahora, está en manos de los ministros de la SCJN decidir y juzgar si el proceso de consulta en la comunidad de Juchitán de Zaragoza fue violatorio de derechos humanos o no.
El 24 de abril pasado, en el marco del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, autoridades mexicanas reconocieron que el Estado Mexicano tiene una deuda pendiente con los pueblos indígenas en la instrumentación del derecho a la consulta a pueblos y comunidades indígenas en los casos en que se impulsen mega proyectos en sus territorios.
