JUCHITÁN, Oaxaca.– Por haber sido sancionados por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), la Sala regional Xalapa y la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), por violencia política de género, el edil de El Espinal, Joselito Valencia López y José Méndez Ramírez de Reforma de Pineda, quedan fuera de la contienda electoral.
El Espinal
En El Espinal, además de la síndica Kelly Janet Cabrera González, también vienen en la lista las regidoras Aurelia Benítez Castillejos, Luth Castillejos Fuentes, Esperanza Benítez y Yuridia Pineda Ordaz.
De igual forma, el regidor de Hacienda, Luis Antonio Ulloa y el secretario municipal, Felipe Fuentes Ulloa, todos estos funcionarios estuvieron envueltos en el caso de la regidora de Obras, Nadia Vera López, quien los acusó por violencia política en razón de género.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral, estas personas estarán inscritas en Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género hasta el 2029.
Solo las regidoras Aurelia Benítez Castillejos y Esperanza Benítez Arizmendi estarán en la lista dos años y 10 meses; es decir, hasta el 26 de noviembre de este año.
Joselito Valencia llegó a la alcaldía bajo las siglas del PES y esta vez busca repetir ahora por Morena, donde participa en la elección interna.
Reforma de Pineda
Por otro lado, en Reforma de Pineda, el actual presidente municipal, José Méndez Ramírez también está en la lista de personas violentadoras, tras el señalamiento que le hicieran tres regidoras desde abril del 2023.
La síndica municipal, Tomasa Ramírez Blas; la regidora de Salud, María Enedit Velásquez Luis y la regidora de Parques y Jardines, María del Rosario Ulloa Hernández, según el TEEO, fueron violentadas por el edil, razón por la cual, estará en la lista hasta el 2031.
Salina Cruz
En esta lista también estará hasta el primero de diciembre del 2027, el expresidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano, sancionado por omisión de convocar a una regidora a sesiones de cabildo, con la finalidad de menoscabar su derecho a ejercer el cargo para el que fue electa.
