JUCHITÁN, Oaxaca.- La mayoría de las colonias populares está asentada en tierras que fueron tomadas o invadidas; en algunos casos, los dueños fueron despojados y en otros se llegó a un acuerdo para pagar una cantidad, una mínima parte del valor del terreno, en una compensación en la que se involucró al gobierno estatal.
Una de las personas despojadas de su propiedad es Emma Musalem, quien tuvo una primera experiencia de despojo en el año 2000, cuando un grupo de personas invadió un terreno de dos hectáreas de su propiedad en donde estaba sembrando jiquilite para fabricar añil.
Al investigar a qué grupo político pertenecían los invasores, resultó que estaban respaldados por el presidente municipal en turno, Leopoldo de Gyvés de la Cruz, a quien acudió a ver para exigirle que su gente abandonara el predio.
El entonces edil negó tener conocimiento de la invasión, pero después de indagar reconoció que pertenecían a su grupo político y que no podía hacer nada. La dueña del terreno optó por denunciar la invasión a la prensa y señalar al presidente municipal por respaldarlo.
En esta primera ocasión, recuerda Emma Musalem, los invasores se retiraron no sin antes pedir una suma de dinero “por haberle limpiado el terreno” que en esa ocasión fueron 500 pesos.
En el 2013, luego de limpiar un terreno de seis hectáreas que parte había lotificado para su venta y otra la había destinado para un “panteón ecológico, que hubiera sido la primera del país”, fue invadido y convertido en una colonia popular bautizada como Héroes 5 de Septiembre.
Aunque acudió a todas las instancias para recuperar su terreno e interpuso una demanda penal por despojo, no pudo recuperar nada, a pesar de las muchas mesas de diálogo con las autoridades estatales en las que se firmaron acuerdos que nunca se cumplieron.
Un primer acuerdo había sido compensar a la propietaria con un millón de pesos, la mitad otorgado por el gobierno del estado y la otra parte por los invasores, “ninguna dependencia se hizo cargo del pago”, recuerda Emma Musalem que no recibió un peso de ambas partes, aunque para ella significó muchos gastos en trasladarse a la capital y pagar abogados.
Hubo otro acuerdo en que se le iba a respetar un hectárea de las seis que eran en total pero tampoco se cumplió, recuerda con tristeza que el terreno fue adquirido con sudor en los tiempos en que trabajaba de maestra en la mañana y en las tardes y noche atendía un restorán.
La irresponsabilidad de los funcionarios la llevó al hartazgo por las promesas incumplidas y la falta de justicia para quién es despojado de su propiedad, hubo incluso funcionarios que quisieron quitarle dinero a cambio de negociar con los invasores, “un asco” consideró la juchiteca a algunos de ellos.
En el terreno que fue suyo, ahora ve con enojo que las personas que la invadieron y sus líderes ahora venden esas propiedades con todos los servicios en cientos de miles de pesos.
Emma Musalem, que se organizó con otras ciudadanos despojados de sus terrenos para demandar el respeto a la propiedad privada, dijo que el modus operandi de los líderes era caer en los terrenos para luego proponer un pago al propietario en donde involucraban al gobierno del estado, pero al final pagaban una mínima parte de lo pactado.
