JUCHITÁN, Oaxaca. – La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) emitió una alerta urgente ante el recrudecimiento de actos de hostigamiento, amenazas armadas y vigilancia ilegal en contra de sus integrantes; en un contexto de resistencia social contra el Corredor Interoceánico.
De acuerdo con la organización, la escalada de violencia inició la noche del jueves 15 de enero de 2026, cuando se registró una ráfaga de armas de alto poder en las inmediaciones del domicilio de Carlos Beas, asesor de la unión, en Santa María Petapa.
La agresión fue sucedida el sábado 17 por la presencia de un sujeto armado que merodeaba la misma vivienda, quien se retiró tras ser confrontado por los vecinos.
Además de este hecho, UCIZONI también denunció irregularidades judiciales, revelando que el pasado 20 de enero, sujetos que se identificaron verbalmente como personal de la Fiscalía General de la República (FGR) irrumpieron en sus oficinas administrativas.
Sin mostrar identificación oficial, pretendieron entregar notificaciones a personas ajenas a la organización, lo que ha sido interpretado como una táctica de amedrentamiento y vigilancia injustificada.
Estos incidentes contrastan con los recientes avances en las mesas de negociación. Apenas el 18 de enero, ejidatarios de Mogoñé Viejo, Guichicovi, informaron que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la SICT aceptaron desistirse de denuncias penales contra 14 campesinos y tres activistas.
Ante la gravedad de los hechos, la coordinación general de UCIZONI exigió un alto inmediato a la represión y demandó medidas de protección efectivas para sus miembros.
Señalaron que el ejercicio de la denuncia ciudadana sobre las anomalías del megaproyecto no debe ser motivo para la persecución ni la violencia armada.
