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Transportistas de San Dionisio dan ultimátum de 72 horas al Gobierno de Oaxaca

Foto(s): Cortesía
Amando Orozco

SAN DIONISIO DEL MAR, Oaxaca. - Transportistas y pobladores de este municipio ikoots emitieron un enérgico ultimátum de 72 horas a las autoridades federales y estatales para que intervengan de manera contundente en la reparación de la carretera San Dionisio del Mar - Chicapa de Castro. 

Advirtieron que escalarán sus protestas ante instancias federales y organismos internacionales de derechos humanos, acusando una omisión institucional que mantiene bajo el aislamiento a más de 8 mil habitantes.

La crisis detonó tras la destrucción deliberada de la carpeta asfáltica en el paraje conocido como “La Mojonera”, donde desconocidos utilizaron maquinaria pesada para realizar un corte profundo en la vía de comunicación. 

Los afectados denunciaron que este acto no corresponde a un desastre natural ni a una obra pública autorizada, sino a una acción delictiva encuadrada en el Artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

En un documento dirigido al Gobernador Constitucional del Estado, al Fiscal General y al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el gremio de transportistas de San Dionisio del Mar, Huamuchíl y sus agencias municipales manifestó que, si bien se mantienen al margen y respetuosos del añejo conflicto agrario que padece la zona, no permitirán que se normalice la destrucción de carreteras como mecanismo de presión social.

"El corte a una carretera es un corte a la vida de un pueblo. No pedimos favores, exigimos el cumplimiento de la ley", sentenciaron los inconformes, quienes señalaron que el impacto del bloqueo terrestre ya genera un escenario crítico en la región.

Los transportistas demandan el despliegue inmediato de maquinaria pesada y personal técnico de Caminos Bienestar (antes CAO) y de la SICT para restaurar la circulación en un plazo que ya se encuentra corriendo. 

Asimismo, solicitaron al gobierno estatal la instalación paralela de una mesa de atención agraria donde participen la Secretaría de Gobierno (SEGEGO), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN). Sin embargo, los transportistas enfatizaron que la solución al conflicto de tierras no debe condicionar la reapertura de la ruta.