JUCHITÁN, OAX.- La zona selvática de los Chimalapas es uno de los espacios donde el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene planeada la construcción de uno de los 67 proyectos hidroeléctricos en el país, según el mapa que elaboró la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
De acuerdo a Ana María García Arreola, encargada del Área de Derechos Territoriales, a través de un análisis realizado por Educa del Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) elaborado a su vez por la CFE y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, se han identificado 67 posibles proyectos de inversión “verde” en territorios oaxaqueños.
Según el análisis que plantea Educa, existen 66 proyectos de “pequeñas” hidroeléctricas, un proyecto de gran hidroeléctrica y ocho proyectos de aerogeneradores.
“La Comisión Federal de Electricidad todavía es la ejecutora de algunos proyectos hidroeléctricos, pero en Oaxaca han presentado proyectos las empresas Electricidad del Istmo, ENERSI, COMEXHIDRO y Electricidad de Oriente4. La distribución de la energía también abierta a empresas está abriendo un potencial mercado a empresas nacionales y extranjeras”.
Desde el 2014 el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDyCCh) denunció la amenaza corresponde a la información vertida por comuneros inconformes respecto de la posible construcción de una “micro” hidroeléctrica dentro del territorio de Santa María Chimalapa, en la cabecera del río Coatzacoalcos, corazón y núcleo central de la selva alta perennifolia, hasta hoy bien conservada por la propia comunidad.
En el mapa denominando “Cuencas hidrológicas y proyectos hidroeléctricos en el estado de Oaxaca” que elaboró Educa se identificó en el número 38 una hidroeléctrica en Los Chimalapas .
“Varios de los proyectos hidroeléctricos se proyectan en territorios indígenas zapotecos, chatinos, mixes, chinantecos, mixtecos. Si bien en la reforma energética se incorpora la consulta como un requisito (a pesar de que esta reforma no fue consultada), en su implementación los gobiernos y las empresas son juez y parte, conducen el proceso y encaminan a la negociación sin posibilidad de veto o cancelación. Esta situación contraviene los principios de la consulta y la jurisprudencia internacional en la materia”, argumentaron.
