Una vez que ejerció su facultad de atracción en la demanda de amparo en revisión para la protección de la zona arqueológica de Guiengola, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para resolver una disputa que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno de los derechos históricos de los pueblos indígenas, afirmó el presidente de Litigio Estratégico Indígena (LEI), Carlos Morales Sánchez.
El activista afirmó que la organización promovió un juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), para reclamar la omisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en emitir el decreto de protección del centro ceremonial.
Sostuvo que la ausencia de reconocimiento legal ha facilitado invasiones, saqueos y el deterioro progresivo de un sitio de alto tiene valor histórico y parte de la memoria viva de las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec.
Expuso que el INAH, encargado de la protección del patrimonio arqueológico, ha sido incapaz de garantizar la conservación efectiva de múltiples zonas arqueológicas en el país, debido a la falta de declaratorias oficiales, sumada a la escasez de recursos y a una política errática.
Además, expresó que el modelo de gestión del patrimonio ha excluido sistemáticamente a los pueblos indígenas, tratándolos como espectadores de su historia, a pesar de la narrativa oficial de exaltar las civilizaciones originarias del pasado.
Por esto, explicó que se ha promovido la demanda de amparo como parte de una estrategia más amplia para reposicionar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho en la defensa de su patrimonio.
Precisó que este recurso jurídico no solamente cuestiona la falta de protección de un sitio específico, sino abre la puerta a una discusión más profunda y así decidir sobre los territorios ancestrales, porque en el fondo, se trata de desmontar un modelo centralista y monopolista de la gestión del patrimonio donde se relega a las comunidades a un papel marginal.
Octavio Vélez Ascencio
