JUCHITÁN, Oaxaca.- En este mes de enero podría estar arrancando la consulta indígena relacionada con el proyecto de producción de hidrógeno “verde”, de la empresa Helax Istmo, subsidiaria de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en el municipio de Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que servirá principalmente de combustible para el sector naval, pero de acuerdo con el Colectivo GeoComunes, existe poca información oficial de acceso público.
Después de la fase informativa, que debe extenderse hasta mayo, siguen la consultiva y deliberativa. Para diciembre está prevista la última fase, de seguimiento de acuerdos.
El proyecto es parte de uno de los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), previstos para construirse en Veracruz y Oaxaca como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Para ello serán utilizadas 413 hectáreas expropiadas a los Bienes Comunales de Ciudad Ixtepec, en febrero de 2023.
La Secretaría de Energía (Sener), responsable por la consulta, identificó al menos nueve municipios y 10 localidades que deberán participar del proceso por estar en la zona de impacto del proyecto, entre ellos: Santiago Ixtaltepec, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Santa Rosa, El Morrito, Chivela, El Mezquite y Mena Nizanda.
Los únicos documentos oficiales del proyecto, sostienen, han sido los presentados de manera directa por la empresa a las autoridades municipales y agrarias de los pueblos afectados, “sin que hasta la fecha dichos documentos estén disponibles en algún sitio para consulta pública”, critican en un informe divulgado a finales de diciembre.
Advierten que las autoridades buscan iniciar la consulta sin que Helax Istmo haya obtenido las licencias sociales y ambientales necesarias para la realización del proyecto. La empresa ha ingresado ante la Sener una Evaluación de Impacto Social (EVIS) que sigue en evaluación. En el cronograma presentado en el documento del CIIT, se menciona que la presentación y evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se hará hasta el segundo semestre de 2025 y el primero del 2026.
Dicho documento de la CIIT también menciona un cronograma para el proceso de “regularización de tierras” que serán utilizadas en el proyecto, que se pretende llevar a cabo en el segundo semestre del 2025, y un proceso de registro de contratos, a realizar durante el primer semestre de 2026.
En el mismo documento, se incluye un listado de permisos que serán necesarios, pero sólo se mencionan los permisos otorgados por los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, “omitiendo grotescamente todos los permisos que deben dar los propietarios de la tierra (en este caso, ejidos y comunidades agrarias) y pueblos originarios”, observa el informe de GeoComunes.
