JUCHITÁN, Oaxaca.- Más de 40 colectivos defensores de derechos humanos locales, estatales y nacionales, así como observadores y organizaciones internacionales exigieron un "cese inmediato de la criminalización, judicialización y estigmatización de las comunidades indígenas y de sus mujeres defensoras", así como la "suspensión definitiva del proyecto Residencial Punta Faro" en la comunidad de El Coyul, municipio de San Pedro Huamelula, en la zona chontal del Istmo de Tehuantepec.
En un comunicado conjunto difundido este martes, los colectivos exigieron que "que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca honre su compromiso con la verdad y la justicia, revocando las sentencias injustas y protegiendo a las defensoras de El Coyul”.
Lo anterior, luego de la sentencia de 15 años de prisión y una multa de más de 55 millones de pesos "bajo cargos fabricados de despojo agravado y secuestro" contra 21 personas defensoras de su tierra y territorio en la comunidad de El Coyul.
El conflicto se derivó tras el desarrollo del proyecto inmobiliario “Residencial Punta Faro” que, de acuerdo con la comunidad, amenaza con destruir manglares y zonas de anidación de tortugas protegidas. Además, han indicado, perpetúa un patrón de criminalización y acoso que afecta de manera desproporcionada a las mujeres defensoras.
La comunidad denunció un presunto despojo de mil 452 hectáreas de tierras que han sido resguardadas por generaciones. Las defensoras han expuesto la existencia de un cártel inmobiliario que, "en complicidad con autoridades corruptas y a través de documentos ilegales, buscan despojar a la comunidad".
La disputa ha derivado en un clima de intimidación y hostigamiento, especialmente contra las mujeres chontales, constantemente acosadas por su labor de protección ambiental y despojadas de su forma de subsistencia económica estrechamente ligada a estas y otras actividades costeras.
De acuerdo con los colectivos firmantes, el proyecto inmobiliario "no solo pone en riesgo los ecosistemas locales y su biodiversidad, sino también las bases económicas y culturales de las comunidades indígenas, quienes son guardianas históricas de estas zonas naturales".
Sintetiza que "el despojo de tierras y recursos impone costos económicos elevados, tanto en términos de sustento local como de daños ambientales irreparables, afectando gravemente a las mujeres, principales responsables de la seguridad alimentaria y la preservación cultural en sus comunidades".
