Gerardo Valdivieso Parada / Noticias, Voz e Imagen del Istmo
JUCHITÁN, Oaxaca.- Con diez votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó en lo general el proyecto de sentencia presentado por el ministro Fernando Franco, a favor de los límites de Oaxaca, en los puntos que parten de la barra Tonalá en línea recta al río Chilillo, al sureste al cerro de la Gineta y de ahí al cerro Martínez, una frontera fijada desde el tiempo de la colonia.
Una década después
Después de casi 10 años, la SCJN dio la razón a la controversia presentada por el gobierno de Oaxaca en aquel entonces encabezado por Gabino Cué Monteagudo el 29 de noviembre de 2011 y admitida el 20 de diciembre por la entonces ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro ponente del proyecto de sentencia, Fernando Franco.
Para Miguel Ángel García Aguirre, integrante del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, esta sentencia favorable se da a pesar de obstáculos desplegados por funcionarios corruptos de Oaxaca y ministros de la SCJN ligados a los intereses chiapanecos. Expresó que la sentencia pudo haberse resuelto en un tiempo más corto y duró casi 10 años por la oposición de los servidores públicos que no deseaban que prosperara la sentencia.
Recordó que fueron tres las controversias constitucionales presentadas originalmente: dos municipales, la de los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa y una estatal. Las dos primeras fueron desechadas con artimañas legales del entonces presidente de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quedando admitida únicamente la del gobierno de Cué Monteagudo.
De artimañas
“Le tocó recibir las controversias al ministro Pardo Rebolledo, como él era ahijado político de Noé Castañón, secretario de Gobierno de Chiapas y exministro de la Suprema Corte, buscó cómo objetarlas y se las regresó al Senado”.
En tanto, en el gobierno de Oaxaca, el consejero jurídico de aquella época, Víctor Hugo Alejo Torres, “logró convencer a los municipios, presionando o comprando a los síndicos municipales para que no metieran la controversia constitucional”.
García Aguirre culpó al consejero jurídico de Oaxaca de atrasar la presentación de la controversia constitucional negándose, incluso, a firmarla cuando faltaban unas horas para el límite de la entrega del documento. “El plazo se vencía el 20 de noviembre a las cero horas ¿y sabes a qué horas se registró, a las 11:40 de la noche, tenemos el sello de la Corte”.
Setenta años de lucha
Pero la invasión al territorio oaxaqueño y las tierras de los municipios Chimalapas y por lo que se inició una lucha de ambos pueblos indígenas y activistas, inició hace 70 años, recuerda el coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, cuando entraron las primeras empresas madereras que se ampararon en el gobierno de Chiapas, “alegando que eran terrenos nacionales del municipio de Cintalapa, Chiapas, cuando en realidad son terrenos comunales de Santa María y
San Miguel”.
Los límites hoy reconocidos por la Corte tienen sus antecedentes desde los tiempos de la colonia “en un convenio de 1589 entre la Capitanía de Guatemala y el Virreinato de la Nueva España pone esos límites, que fueron luego puestos en un mapa por Alejandro Von Humboldt que recorrió el Istmo en 1809 y puso los puntos, en eso se basó la controversia constitucional”.
PARA RECORDAR
Fue el 29 de noviembre de 2011 que la administración de Gabino Cué presentó una controversia constitucional para la defensa del territorio Chimalapa. Esto, luego de que el entonces gobierno chiapaneco creó, el 23 de noviembre de ese mismo año, el municipio Belisario Domínguez e invadió alrededor de 84 mil hectáreas del territorio oaxaqueño.
El gobierno de Cué documentó y recorrió el territorio con equipo tecnológico para precisar las coordenadas geográficas de la división política. Fue el arqueólogo Enrique Méndez quien aportó mapas y documentos del siglo 16, resultado de sus investigaciones en el Archivo General de la Nación.
