JUCHITÁN, OAX.- El problema por el que atraviesa la tienda Aurrera, primero con el bloqueo de sus instalaciones y después el cierre de su sucursal por decisión propia, derivado de un conflicto con exempleados, es por la ausencia de autoridad en varios sentidos.
Así lo aseguró el abogado César Pineda Castillo, amplio conocedor de asuntos laborales, pues Juchitán es la tierra de la tolerancia, a donde vienen a bloquear la carretera, a tomar el palacio municipal, instalando camiones de otras partes y obstruir la vida del municipio.
Dijo que los conflictos que se han registrado recientemente, no solo a la tienda Aurrera, sino a otras empresas más, son el resultado de esa falta de la aplicación de la ley.
“Yo me he enterado de conflictos que ocurren en otros municipios como Salina Cruz o Tehuantepec y es acá, en esta tierra, donde se llevan a cabo las protestas”.
El abogado juchiteco señaló que se debe aplicar el Estado de Derecho en todos los aspectos, no solamente con las empresas establecidas sino con las que se pretenden instalar en el Istmo, que cumplan con sus obligaciones legales, laborales y ambientales.
“Si el pueblo se atiene a que el Estado cumpla con crear las condiciones para que se instalen empresas, tal y como es su obligación, nos vamos a quedar esperando pues el estado de ánimo hacia Juchitán no es muy bueno”.
Aseguró que habrá quienes se alegren de que el municipio esté lleno de conflictos para que algunos inversionistas se nieguen a arribar a Juchitán por falta de garantías y se vayan a otro lugar.
“Pareciera que a nuestras autoridades les diera gusto que nuestra gente solo tenga trabajos eventuales y transitorios sin las prestaciones que la ley establece”.
Pineda Castillo subrayó que los juchitecos tienen que pensar bien si es que quieren tener fuentes de trabajo bien remunerado, pero para ello habrá de darse las todas condiciones.
Exigirle al estado que las empresas cumplan con todas las obligaciones legales y que los órganos de impartición de justicia laboral estén vigilantes para que esto se cumpla.
“Los sindicatos deben también de dejarle claro a los trabajadores que así como tienen derechos, también se debe de cumplir con las obligaciones”, puntualizó
Para el presidente de la Asociación Civil de Profesionistas y Empresarios AC (Proempi), Juan José Gonzáles Davar, el cierre de la tienda no es un hecho aislado, es un hecho recurrente, toda vez que los asuntos de tipo laboral en Juchitán se intentan litigar en la calle, sin recurrir a las instancias adecuadas para dirimir los problemas.
“Sin darle la razón a nadie, porque no conocemos a fondo el problema, este tipo de acciones ahuyenta la inversión, sobre todo la fuerte. En este caso el cierre de Aurrera no perjudica sólo a los 70 trabajadores sino a todos los demás servicios adicionales como los taxistas, mototaxistas, vendedoras, etcétera”, comentó el empresario.
Resaltó que en Juchitán ya se pueden resolver los problemas tomando negocios, cerrando carreteas y reteniendo personas, por lo que las autoridades municipales y estatales están en la obligación de darle certidumbre a la inversión, para poder generar empleaos.
“Las autoridades municipales y estatales deben de garantizar la seguridad e inversión, dar garantías a los inversionistas sin descuidar las garantías individuales de los trabajadores. En Juchitán existe un descontrol de la ley y es muy preocupante”, recalcó.
El cierre de una empresa es una señal negativa, dijo, que se da a los inversionistas, porque desde fuera se ve a Juchitán como un espacio no apto para la inversión y eso satanizaría al municipio y su planta laboral.
EL CONTEXTO
La semana pasada, Walmart de México y Centroamérica anunció el cierre temporal de la sucursal Aurrera de Juchitán, luego de una protesta. “No abriremos Bodega Aurrera Juchitán hasta que existan condiciones de seguridad para nuestros clientes y asociados. Lamentamos que la falta de seguridad y de aplicación de la ley por parte de la autoridad nos impida continuar dando servicio a nuestros clientes que tanto aprecian y necesitan el ahorro que ofrece Bodega Aurrera”, anunció la cadena.
La plaza de Juchitán fue tomada el 15 de marzo por un grupo de simpatizantes de la organización ‘Hagamos Algo’ de Ciudad Ixtepec, para pedir la liquidación de Daniel Cortés Pérez, trabajador que se desempeñó por 12 años como panadero en la sucursal de Aurrera Ixtepec.
El cierre y la retención de trabajadores en el interior de la sucursal, motivó a la empresa a cerrar la tienda ante la falta de Estado de Derecho, así lo dio a conocer en su cuenta de twitter el director de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica, Antonio Ocaranza.
