UNIÓN HIDALGO, Oaxaca.- La comunidad indígena de Unión Hidalgo, a través de su Asamblea de Comuneros, es el único colectivo que ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxtepec, para anular los contratos de arrendamiento de tierras de parte de una empresa eólica en la región del Istmo.
Amparados en la ley agraria
El 18 de noviembre de 2021 se presentó ante el TUA del distrito 22 con residencia en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca la demanda de nulidad de los contratos de usufructo suscritos por Eólica de Oaxaca filial de la empresa transnacional Electricidad de Francia (EDF) y presuntos propietarios de Unión Hidalgo.
Los contratos versan sobre las tierras en las que se encuentra planeado el polígono del proyecto para la construcción de la central eólica Gunaa Sicarú.
Los comuneros aducen que su demanda está de conformidad con el Decreto de Resolución Presidencial “Sobre el reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado de Juchitán”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de julio del año 1964, en el que se reconoció una superficie de 68,112, 54 hectáreas a favor de siete mil 984 comuneros.
De estas tierras comunales, la subcomunidad de Unión Hidalgo forma parte como un anexo en términos de la legislación agraria, por lo que las tierras “son de propiedad social y no han sido modificadas por resolución judicial y/o acto administrativo correspondiente. Por lo que dichos contratos corresponden a actos jurídicos que contravienen la legislación agraria”.
Existen otras demandas de nulidad de los contratos de forma individual ante el Tribunal Unitario Agrario interpuestas por particulares de Santo Domingo Ingenio, por incumplimiento de contrato de parte de las empresas eólicas que promovió el abogado César Pineda Castillo.
La ruta jurídica
Los comuneros y activistas de Ranchu Gubiña, además del ámbito agrario, han interpuesto un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que una vez admitido el 12 de abril de 2018 otorgó la suspensión provisional del acto reclamado.
El 4 de mayo del mismo año, el juzgado otorgó la suspensión definitiva.
Finalmente el 5 de octubre de 2018, el Juzgado Primero mediante sentencia definitiva, ordenó a la Secretaría de Energía (Sener), llevar a cabo un procedimiento de consulta indígena para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú apegado a los más altos estándares en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
El 13 de octubre del 2020, en conjunto con Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) y otras organizaciones europeas, se presentó una acción legal en contra de EDF bajo la Ley francesa sobre el deber de vigilancia de las casas matrices y empresas contratistas.
La demanda fue admitida en noviembre de 2021 por el Tribunal Civil Francés, convirtiendo a Unión Hidalgo en la primera comunidad indígena de América en iniciar un procedimiento judicial en contra de una empresa europea, en territorio de dicha empresa.
