JUCHITÁN, Oaxaca.- Pobladores de Santa María y San Miguel Chimalapa mantienen cerrado el tránsito vehicular sobre las carreteras Transístmica y Panamericana, exigiendo la atención del gobierno federal para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que falló a favor de Oaxaca, en la posesión de más de 160 mil hectáreas.
Por segundo día consecutivo, los manifestantes se mantienen en los dos puntos donde instalaron sus campamentos; uno a la altura de la comunidad de La Venta, sin paso a Chiapas por la carretera Panamericana, y otro, a la altura de El Mezquite, cerrando el paso de la carretera Transístmica hacia el estado de Veracruz.
Los comuneros se movilizaron desde el pasado lunes para solicitar la instalación de la mesa agraria, social y ambiental, reiterando la exigencia de que las comunidades chiapanecas de Belisario Domínguez y Rafael Cal y Mayor, se adhieran a Oaxaca.
Aseguran que fueron engañados por las instancias estatales, por lo que piden al gobierno federal que escuche a los comuneros, que exigen que se respeten sus bienes comunales.
Demandan que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, reciba de manera personal el pliego petitorio que exige la asamblea de comuneros.
Rechazaron las declaraciones del Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, a quien le pidieron reconocer que en ningún momento se fijaron fechas para las mesas agrarias, tal y como las anunció, y que éstas se harían en Ciudad Ixtepec.
“Santa María Chimalapa firmó un acuerdo en donde todas las mesas de trabajo se iban a realizar en nuestra comunidad y frente a nuestra gente. Ya no queremos más mentiras”.
Advirtieron que la movilización continuará hasta que sus demandas sean atendidas; aunque desde el pasado lunes, adelantaron que los bloqueos carreteros serían por tres días.
Este martes, el gobierno del Estado exhortó a las autoridades municipales y agrarias de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa a conducirse con un diálogo formal, transparente, abierto y público, tal y como se ha llevado a través de la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica, que han tenido una participación activa dando puntual seguimiento a los acuerdos que se han tomado bajo el consenso de las comunidades.
