UNIÓN HIDALGO, Oaxaca.- Todo inició en noviembre del 2017 cuando los padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 33 se dieron cuenta de la manera errática en que afrontaban las autoridades de los tres órdenes de gobierno la demolición y la reconstrucción de sus aulas, por lo que decidieron iniciar una acción legal por el mal manejo de la tragedia, luego del terremoto del 7 de septiembre.
La necesidad de iniciar
El representante de los padres de familia de ese año, Edgar Martín Regalado, defensor comunitario, dijo que fue el primer amparo ganado para los 400 alumnos de la institución educativa.
Gracias a esa acción legal, ya se encuentra reconstruido el plantel educativo en más del noventa por ciento en lo que se han invertido 7 millones de pesos, y se tienen pendientes como la barda, equipos de laboratorios, rampas y una cancha.
Para este primer triunfo en el que un juez federal ordenó que el gobierno federal y estatal acelerarán la reconstrucción de la escuela para respetar el derecho de los niños y jóvenes a la educación, tuvieron el apoyo del despacho de abogados Regalado Galindo y el acompañamiento de la organización social Código DH y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En los primeros meses después del sismo los errores, ineficiencias y robos en el proceso de recabado de información y pago de los primeros damnificados obligó a los defensores comunitarios a realizar un censo por su propia cuenta y lograron censar 1,050 viviendas.
Vía legal, camino seguro
Luego de este arduo ejercicio que les llevó los meses de abril, mayo y junio del 2018 pudieron, con la ayuda esta vez de sólo el despacho de abogados Regalado Galindo, armar otros 5 amparos de diferente índole.
Edgar Martín recuerda que al contrario de otras poblaciones y organizaciones que realizaron marchas y otras movilizaciones para obtener un segundo censo, ellos emprendieron una acción legal porque en la comunidad no era momento de una acción social porque la mayoría estaba abocado en reconstruir sus casas.
El segundo amparo ganado consistió en recuperar depósitos sustraídos en las tarjetas de reconstrucción de un monto de 120 mil pesos que no tenían fondos.
Al respecto se logró recuperar 1.3 millones de pesos en los cuales se benefició a 27 damnificados.
El tercer y cuarto amparo que se encuentran en proceso de otorgar los beneficios fue para las afectaciones en viviendas que fueron consideradas como daño parcial pero sus viviendas tuvieron daño total que se lograron reconvertir y de las personas que no recibieron un folio pero que con este amparo gozarán de los beneficios del Programa Nacional de Reconstrucción del gobierno federal.
El quinto amparo benefició a damnificados que tuvieron afectaciones parciales y que recibieron un monto de 15 mil pesos, sin embargo, el programa de reconstrucción determinaba montos de 30 mil pesos o más, los abogados lograron beneficiar a 356 damnificados con esta cantidad y así concluir sus reparaciones parciales.
El sexto y último amparo, consiste en la instalación de parte de las autoridades de una alarma sísmica para beneficiar a 15 mil personas que ya fue admitido.
Los logros
El pasado 28 de noviembre la firma de abogados citó a las personas que les tramitaron sus amparos; Edwar Martín Regalado, uno de los integrantes de este despacho, informó que se les dieron los detalles sobre el proceso de cumplimiento de los primeros 100 amparos ganados y sobre el avance de los más 300 casos restantes que están en trámite.
Para los defensores comunitarios a ninguna comunidad se le había beneficiado de esta manera por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ya que el conjunto de los amparos suma 150 millones de pesos, para este año bajaron 90 millones y el año próximo se aplicará el resto.
Informaron que el arribo de estos apoyos se ve reflejado notoriamente en la reactivación de los trabajos de reconstrucción lo que ha llevado a la generación de empleos para éste propósito.
Edgar Martín detalló que al arribo de los funcionarios de la Conavi a la población zapoteca fue con temor, pues imaginaban que la población estaba molesta al interponer los amparos a lo que les dijeron que la población estaba tranquila y sólo había hecho uso de sus derechos que le da la ley.
Logros
6 Amparos fueron tramitados
150 mdp han logrado "bajar" vía legal
60 mdp se aplicarán durante 2021
