JUCHITÁN, Oaxaca.- Por segundo día consecutivo, integrantes de la Organización Fraternal Istmeña 21 de Marzo, impidieron el paso vehicular sobre la carretera Transístmica, tramo Juchitán–Tehuantepec, en apoyo a un ex policía municipal y un empresario constructor quienes demandan al ayuntamiento juchiteco el pago por sus servicios.
Este jueves, los manifestantes ampliaron su protesta y desde las 11 de la mañana cerraron la circulación vehicular sobre la carretera estatal Juchitán–Santa María Xadani, vía que utilizaron los automovilistas para rodear el bloqueo de la carretera federal, instalado frente al Imeca.
Esta acción afectó aún más a cientos de automovilistas que tuvieron que optar por buscar otras alternativas, una de ellas, la Súpercarretera desde Ciudad Ixtepec hacia el puerto de Salina Cruz.
El comercio se paralizó y los prestadores de servicio también vieron reducidos sus ingresos, debido a la poca afluencia de personas en el primer cuadro de la ciudad.
Aunque las autoridades municipales no lo confirmaron, en las redes sociales trascendieron comentarios sobre supuestos asaltos a mano armada, que sufrieron algunos automovilistas que buscaban pasar a través de caminos cosecheros.
El abogado de esta organización, Miguel Ángel Carrasco Luján, informó este jueves que no han tenido ningún ofrecimiento de diálogo por parte de las autoridades municipales y estatales; razón por la cual, se vieron obligados a ampliar su protesta.
Reveló que los inconformes permanecieron toda la noche bloqueando la carretera y durante la mañana de este jueves, tomaron la decisión de bloquear la carretera rumbo a El Espinal, a la altura del Pimpollo, amagando con cerrar también hacia La Ventosa y Unión Hidalgo.
Por su parte, el gobierno de la ciudad que encabeza Emilio Montero Pérez, insistió en que no cederá al chantaje de ninguna organización, mucho menos a través de este tipo de acciones, como el cierre de carreteras, que lesionan seriamente la economía de las familias istmeñas.
El gobierno municipal insiste en que el contratista Carlos César Salinas López, que presiona para que le sea pagada una obra hecha en el 2017, como el ex policía Marco Antonio Gallegos Jiménez, cesado por indisciplina, que reclama liquidación por años que no puede comprobar, deben demostrar públicamente que tienen razón al actuar en contra de los intereses de la gente.
