JUCHITÁN, Oaxaca.- La Red Interinstitucional para la Atención y Prevención de Violencia Familiar y Sexual exigió al Estado un alto a la violencia política contra las mujeres por el derecho a participar en la vida pública y en la toma de decisiones, en referencia a las dos mujeres asesinadas en los hechos violentos en San Mateo del Mar, en donde perdieron la vida 15 personas.
“Con motivo de los hechos suscitados los días 21 y 22 de junio, en el Municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, donde mujeres y hombres perdieron la vida y otras personas más resultaron heridas, exigimos al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Oaxaca, que de manera urgente garanticen Seguridad, Justicia y Paz; hagan efectiva la protección, el resguardo de la vida, integridad y seguridad de las y los habitantes del Municipio”, dijeron en una conferencia.
Esta red que integra a una decena de grupos de organizaciones civiles de derechos humanos en la región, lamentó los hechos violentos.
Los integrantes exigieron que se realice un proceso de investigación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos constitutivos de delitos, cometidos en agravio de los habitantes del Municipio, en contra de quién o quiénes resulten responsables.
“Es responsabilidad del Gobierno local salvaguardar la integridad y los derechos humanos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos, privilegiando el diálogo y la concertación, que permitan los consensos necesarios para construir y garantizar la paz”, dijo Rogelia González Luis, integrante de la Red que leyó un comunicado.
Al manifestar su solidaridad para los pobladores del municipio ikoots, expresaron que aunque los sucesos en Huazantlán del Río, tienen antecedentes en los conflictos sociales y políticos, así como en la pérdida de vidas, también está mezclado los usos y costumbres “y permea la cultura patriarcal y machista, sobre todo a raíz de la elección de las autoridades locales”.
Luego de reprochar a las autoridades del estado, de no intervenir a tiempo en el conflicto, declararon que el gobierno estatal tiene que asumir la responsabilidad y la inmediata atención de los hechos, al igual que la Legislatura local.
Por lo que pidieron garantizar la vida, la seguridad y la paz de las comunidades indígenas como responsabilidad del Estado de Derecho; además, un Alto a la violencia política contra las mujeres para garantizar su derecho a participar en la vida pública y en la toma de decisiones como lo marca la Ley General de Acceso a Una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, la inmediata instalación de una mesa de del diálogo del más alto nivel para la construcción de Paz en el Municipio, donde participen defensoras, defensores, académicos, funcionarias y funcionarios públicos y las voces de mujeres y hombres de la comunidad para consolidar la paz y se garanticen las medidas de apoyo y asistencia a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, así como a los deudos que señala la Ley General de Víctimas.
