La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) requirió al gobierno del estado de Oaxaca cumplir con las medidas cautelares que decretó a favor de los habitantes del municipio de San Mateo del Mar, luego de los hechos violentos registrados los días 21 y 22 de junio, que dejaron como saldo 17 personas asesinadas, un número no determinado de heridos, así como retenciones ilegales y daños patrimoniales.
El organismo autónomo manifestó que conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, sin excepción y en cualquier orden de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen el deber jurídico de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Dijo que en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, en los términos que establezca la Ley.
Destacó que tratándose de casos en los cuales, pueblos y comunidades indígenas se vean afectados, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acentúa la responsabilidad de los gobiernos para proteger y garantizar sus derechos fundamentales. Aunado a que, respecto a la obligación que tiene el Estado de proporcionar seguridad a las personas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad de la población.
Agregó que en ese sentido, la CNDH a fin de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y particularmente de las víctimas, requirió urgentemente al gobierno del estado de Oaxaca, dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas a efecto de garantizar la vida, la integridad personal, el patrimonio y la seguridad de los habitantes del municipio de San Mateo del Mar.
Así como otorgar atención médica, psicológica y asesoría legal, a los familiares de las víctimas. Y determinar el ejercicio de la acción penal, respecto de los hechos constitutivos de delitos y la probable responsabilidad de las personas involucradas. Expresó que esto de conformidad con los criterios de prontitud, expedites de justicia, perspectiva de género y debida diligencia. Medidas cautelares que fueron aceptadas por el gobierno del estado y Fiscalía General de Oaxaca, en fecha 25 de junio del año en curso.
Señala que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la CNDH exige la irrestricta aplicación de la ley y la observancia plena del Estado de Derecho en Oaxaca; al tiempo que insta a privilegiar el diálogo y la concertación que permitan los consensos necesarios para garantizar la paz y estabilidad social en el referido municipio.
Garantizar a pobladores:
Vida
Integridad
Patrimonio
Seguridad
A familiares de las víctimas:
Otorgar atención médica, psicológica y asesoría legal
