JUCHITÁN, Oaxaca.- El coordinador del Área de Justicia Internacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), Juan Antonio López, consideró que en México prevalece la impunidad contra las comunidades indígenas que defienden sus derechos a la tierra, el territorio y los bienes naturales ante la industria eólica en México.
Entrevistado vía telefónica desde sus oficinas en la capital del país, informó que después de un año y ocho meses de dilación, el Sexto Juzgado de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, emitió una sentencia que niega el acceso a la justicia para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán.
Interponen amparo
La comunidad, por medio de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), interpuso un amparo en agosto de 2015 por violaciones a los principios del derecho a la consulta realizada en Juchitán, para la instalación del proyecto de Eólica del Sur en tierras de Juchitán de Zaragoza y El Espinal.
El amparo se presentó por el cierre de la primera consulta indígena que se llevó a cabo en México, en el marco de la reforma energética. Ésta se realizó en Juchitán en 2014, a través de la Secretaría de Energía (SENER).
Este proceso fue documentado por la Misión de Observación (MO), integrada por varias organizaciones, incluida el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quienes reportaron distintas violaciones al derecho a la consulta libre, previa e informada.
El pasado 17 de abril de 2017, el juez Anastacio Ochoa Pacheco finalmente dictó sentencia. Sin embargo, el Coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, Juan Antonio López, observó que, para la elaboración de esta sentencia, el Juez Sexto de Distrito hizo caso omiso, desestimó y no incluyó en sus argumentos las pruebas presentadas en video, que evidencian distintas violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán.
Acusan "ambiente de impunidad"
Varias organizaciones participaron; finalmente, el proyecto de Eólica del Sur fue aprobado.
El 19 de agosto de 2015, la APPJ, acompañada por ProDESC, interpuso una demanda de amparo por el cierre de la consulta. En este recurso legal se argumenta: el otorgamiento anticipado de permisos; la falta de información culturalmente adecuada para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán por parte de las autoridades que llevaron a cabo la consulta; y por el cierre de la consulta misma.
Por lo que llegaron a la conclusión de que no fue una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
“Con la negación de este amparo, las autoridades del estado de Oaxaca están permitiendo que el ambiente de impunidad que impera en el país sea también el que predomine en la región del Istmo de Tehuantepec, afectando a las comunidades indígenas que se encuentran en procesos de defensa de sus derechos a la tierra, al territorio y los bienes naturales ante la industria eólica en México”, argumentó el abogado.
