El asesinato de la indígena Ikoots, Okas Marissa Rangel Ovideo en la masacre de San Mateo del Mar, el 22 de junio, refleja omisión, el fracaso de las instituciones gubernamentales en la aplicación de medidas cautelares y la falta de fuerza en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en hacerlas valer.
Okas Marissa y 5 mujeres más de ese municipio advirtieron con antelación que sus vidas estaban en riesgo.
El 4 de mayo pasado acudieron ante la DDHPO para denunciar al agente municipal de Huazantlán del Río, San Mateo del Mar, José Luis Chávez Salinas, por violaciones a derechos humanos de las que fueron objeto el 2 de mayo pasado al ser sacadas por la fuerza de sus casas y, entre golpes, vejaciones y actos de abuso sexual, encarceladas.
Okas Marissa denunció que ella y su hija de 3 años fueron sustraídas de su domicilio por la fuerza y encarceladas por hombres encapuchados y armados. Dentro de la cárcel junto con las demás mujeres, sus agresores quemaron papeles y documentos y el humo empezó a asfixiarlas. Entre gritos, sus agresores amenazaron con quemarlas y colgarlas.
Un día después de haber acudido ante la DDHPO, el organismo emitió un comunicado donde aseveró haber emitido medidas cautelares. En el comunicado 162 publicado en su página, informó que pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que elementos de la Policía Estatal realizaran recorridos de seguridad y vigilancia en la zona, “además de implementar acciones tendientes a garantizar la integridad física de la población”.
Requirió a la Fiscalía General de Justicia del Estado que iniciara la carpeta de investigación correspondiente relativa a la agresión y se emitieran medidas de protección necesarias.
Solicitó a la Segego realizar acciones para evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos.
Las sobrevivientes de esa agresión acudieron a la Fiscalía a interponer la denuncia penal. Ninguna instancia pudo garantizar la vida de Okas Marissa Rangel Oviedo, quien fue asesinada a golpes.
