A la desgracia de la pérdida de sus bienes materiales por los sismos del mes de septiembre del 2017, las mujeres del Istmo de Tehuantepec en condición de pobreza y pertenecientes a la etnia zapoteca tienen que enfrentar procesos legales por pensión alimenticia, disputas por la patria potestad de sus hijos y divorcios, que en el 2018 sumaron 6 mil 900 casos y representan un total de 3 millones 465 mil pesos.
El director de la Defensoría Pública del Estado, Jesús Gerardo Herrera Pérez, informó que durante el 2018 otorgaron 11 mil 550 servicios en la entidad, que equivalen a 5 millones de pesos; sin embargo, el 61.33 por ciento de la atención la recibieron mujeres en condiciones de pobreza del Istmo.
“La región del Istmo de Tehuantepec es mayoritariamente indígena y su población vive en condiciones de pobreza, situación que se agudizó con los sismos del año 2017, por esta razón hemos fortalecido las acciones de apoyo a la población en la defensoría pública en esta población vulnerable de mujeres y niños”.
Explicó que el mayor número de casos son por pensión alimenticia, guardia y custodia de menores, recuperación de menores y divorcios.
Los logros
Subrayó que estos casos fueron atendidos por cuatro defensores de oficio, que también acaban de lograr para Daniela, Tania y Juana, todas mujeres del Istmo de Tehuantepec, la guardia y custodia de sus pequeños hijos, así como pensión alimenticia para sus vástagos en los últimos casos.
Herrera Pérez destacó que el porcentaje de casos ganado por los abogados de la dependencia es muy alta, toda vez que en más del 90 por ciento ganan los casos que representan ante los jueces competentes.
Comentó que todos los servicios son totalmente gratuitos, “pero además en el caso de los asuntos en materia familiar damos prioridad a los grupos vulnerables entre ellos mujeres, indígenas, personas con discapacidad e infantes”.
Añadió que en el estado en materia familiar el 92 por ciento de los casos que se presentan ante los jueces los lleva la defensoría pública y en materia penal llevan el 90 por ciento de los casos que se judicializan, es decir que llegan ante el juzgador.
Aseveró que el porcentaje de casos penales y familiares que lleva la defensa privada oscila entre el diez y el ocho por ciento, “por lo que la mayor parte de la defensa la lleva la defensa pública”.
En la conferencia de prensa del lunes pasado, el gobernador del estado señaló los casos de Daniela, Tania y Juana como parte de los programas de apoyo a la población afectada en el Istmo de Tehuantepec y destacó que solo eran indicativos del trabajo que desarrolla la defensoría pública estatal.
