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Retan a la autoridad y al coronavirus en Juchitán, Oaxaca

Foto(s): Cortesía
Redacción

JUCHITÁN, Oaxaca.- El viernes, el día que entraron en vigor las medidas aprobadas por el Cabildo juchiteco para evitar contagios de COVID-19, tales como la cancelación de fiestas, elementos de la Policía Municipal acudieron a dispersar un convivio en un salón de fiestas y se toparon con los argumentos de Betina Cruz Velásquez y Rodrigo Flores Peñaloza.


A pesar de que las autoridades locales han dispuesto medidas como el no salir de casa y no hacer fiestas, la integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), junto con su esposo, el líder de la Sección 22, fueron sorprendidos como invitados a esa fiesta.


Ambos discutieron con los elementos policiacos para defender a los anfitriones del convivio y argumentaron que las medidas aprobadas por el Cabildo eran inconstitucionales, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


“Nadie puede ser molestado en su propiedad, ni en su persona, ni sus posesiones a menos que tenga una orden judicial de un juez”, declamó la activista ante los elementos municipales. La acción fue secundada por su esposo, quien dijo a los uniformados que volvieran con una orden judicial y trajeran al presidente municipal, Emilio Montero Pérez.


“El gobierno lo que está haciendo es prohibirle a la gente todo”, agregó el hombre, para luego exigir la suspensión de las elecciones y cuestionar por qué los aspirantes a un cargo de elección popular andan haciendo campaña y realizando aglomeraciones.


Argumentaron que acatarían cualquier medida, si primero el gobierno destina el dinero de las campañas a la investigación y a la compra de medicinas.


Visiblemente enojado, Flores Peñaloza se presentó ante los elementos policiacos como “médico”, aunque no aclaró que no es médico de personas, sino veterinario zootecnista.


Los elementos procedieron a leer la parte del Bando de Policía y Buen Gobierno municipal aprobado por el Cabildo el pasado 4 de febrero, en donde se ordena la prohibición de fiestas y que las sillas, mesas, instrumentos musicales serían retenidos y puestos a disposición de la autoridad y el monto de las multas.


Cruz Velásquez les respondió que la Constitución estaba por encima de cualquier disposición y que si la retenían “estarán violando mis derechos humanos”. Luego de decirles que sólo cumplían con su deber, los policías se retiraron sin suspender la celebración.