Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.- A 730 días de la aciaga medianoche del 7 de septiembre del 2017, cuando un sismo de 8.2 grados devastó la región del Istmo de Tehuantepec, el desastre en los municipios de la región aún se palpa en cada calle, en cada casa, en cada espacio público y en cada familia.
Los miles de damnificados todavía lamentan sus pérdidas, pero sobre todo cada minuto crece la indignación en contra de autoridades y particulares que tomaron sus desgracia como botín.
“Me molesta mucho que le hayan robado a la gente el dinero cuando más lo necesitaba, en medio de una desgracia; sin duda el temblor nos lastimó, pero más daño nos hicieron las autoridades de los tres órdenes de gobierno que nos engañaron, que aprovecharon el momento para robarse el dinero para desviar los apoyos para amigos, familiares o grupos políticos; por eso exigimos justicia”, afirma la profesora juchiteca María Cruz Vásquez.
Por su parte, el dirigente del Frente de Damnificados de Tehuantepec, Teodomiro Bolaños Antonio, denuncia actos de corrupción en la entrega de apoyos a los damnificados.
“Las anteriores autoridades federales y particulares desviaron el dinero que enviaron otros países, organizaciones internacionales y personalidades”.
En un recorrido por Tehuentepec, Juchitán y Ciudad Ixtepec sigue siendo la misma después del sismo, con escombros, casas derruidas, viviendas dañadas y terrenos desolados. FOTO:
Mario Jiménez Leyva
En tanto la arquitecta originaria de Ciudad Ixtepec, Melany de Gyves Mendoza, señala que la reconstrucción ha sido desorganizada, sin control y sin dirección.
“La consigna fue demoler para poder destruir y muchas personas perdieron sus casas tradicionales, para edificar pequeñas viviendas, muy reducidas, que ahora no pueden ni habitar; ese fue el enorme negocio de las constructoras”.
La corrupción
La profesora jubilada Cruz Vásquez, ex síndica hacendaria del municipio de Juchitán de Zaragoza, manifiesta que las autoridades federales, estatales y municipales pudieron y debieron haber hecho las cosas mejor, porque hubo muchos dinero para apoyar a los damnificados, pero no se quiso administrar bien.
“Todo mundo se aprovechó del caos, de la desgracia, de la circunstancia; tal parece que el hecho de que se declare una zona de desastre es para que todos corran a ver qué provecho sacan, no para ver cuánto pueden ayudar; esto sucedió en Juchitán y todo el Istmo, la rapiña nos ganó y hablo de todos los niveles: federal, estatal y municipales”.
Afirma que de hecho la asignación de 120 mil pesos por vivienda demolida fue una gran burla que los afectados no debieron recibir, “pero nos faltó asumir la desgracia con dignidad, el orgullo, a pesar de la desesperación y temor”.
La profesora juchiteca María Cruz Vásquez no dudó en señalar la omisión y corrupción de las autoridades federales, estatal y municipales. FOTO: Mario Jiménez Leyva
“El presidente Enrique Peña Nieto y parte de su gabinete vino al Istmo, pero lo hizo para traer a sus empresas para que demolieran la mayor cantidad de casas tradicionales, pues porque iban a cobrar por metro cúbico el escombro.
“Desde ahí empezó el saqueo, porque iban y le decían a la gente que si no demolian su vivienda no le iban a dar el apoyo de 120 mil pesos”.
Expresa que todo esto contaminó la ayuda humanitaria y se volvió un botín político.
“Por ejemplo el segundo censo puedo decir que en un 80 por ciento es falso, porque la Sedatu y la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi) entregaron los folios a los militantes de su partido y pronto los demás partidos pidieron para los suyos; ellos arrastraron a la gente que sí necesitaba ser censada”.
Comenta que las personas tenía la esperanza de que el gobierno iba a hacer bien las cosas, que los iban a ayudar, pero fueron engañados.
La casa del General Charis aun muestra las huellas de la desgracia. FOTO: Mario Jiménez Leyva
“Los que gobernaban en ese tiempo, incluidos en el ayuntamiento de Juchitán, lo único que hicieron fue apropiarse de despensas, empleo temporal, folios, casas de campaña, colchonetas, recursos inmediatos para poder capitalizarlos políticamente, no pensaron en las consecuencias”.
Demanda una investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los recursos federales que se canalizaron para apoyar a los damnificados, pero también que las fiscalías estatales investiguen a los empresarios foráneos y locales que también aprovecharon la desgracia para defraudar a las familias; y, desde luego, a todos los dirigentes de organizaciones políticas y sociales que desviaron los apoyos.
Falta de atención
El representante del Frente de Damnificados por Tehuantepec, Teodomiro Bolaños Antonio, da a conocer que en este municipio fueron dañadas por los sismos más de 10 mil vivienda y que apenas se ha apoyado al 50 por ciento de los damnificados, por lo que faltan rehabilitar alrededor de otras 5 mil viviendas.
Subraya que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se anunció un plan nacional de reconstrucción con tres apoyos: una nueva tarjeta para los damnificados censados en el 2017, la atención a las personas del segundo censo levantado en el 2018 y, en la tercera etapa, se atiende a los censados por el Programa de Reconstrucción de Bienestar con recursos del 2019, aunque la atención va muy lenta.
La viviendas están siendo sustituidas por construcciones de carácter urbano, lejos de los diseños tradicionales de las casas istmeñas. FOTO: Mario Jiménez Leyva
Añade que en el segundo censo nada más del frente se registraron 800 viviendas y de ellos 170 damnificados tienen folio, “por lo que son a los que están atendiendo, pero los otros no reciben atención”.
Demanda agilizar la reconstrucción e incluir en el presupuesto 2020 una partida especial para la rehabilitación de viviendas, clínicas, escuelas y monumentos históricos del Istmo de Tehuantepec.
“En el gobierno federal anterior falló la reconstrucción ya que no hubo orden, organización, ni medios de control, por eso se corrompió la distribución de apoyos; los gobiernos que se fueron se apoderaron del dinero y solo las migajas entregaron a los afectados”.
Dice que a dos años de la desgracia todavía hay mucha gente viviendo en las calles, con sus familias, levantando lo que pueden de sus viviendas, como si los sismos acabaran de ocurrir. “Hubo recursos del Fonden, del seguro catastrófico, de ayuda internacional, fueron miles de millones de pesos y nadie sabe qué pasó con ellos, pues aquí no se ve nada de eso”.
