Ante las amenazas y actos de hostigamiento atribuidos al gobierno municipal de San Francisco Ixhuatán en contra de la militancia del Frente Popular Revolucionario (FPR), la Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca (Unapo) advirtió que responderá mediante la organización, la unidad y la movilización popular.
En representación de la organización, el coordinador de la Comisión Política, Carlos Daniel Lara Jiménez, señaló que el presidente municipal, emanado de Morena, realizó declaraciones durante una transmisión en vivo en redes sociales en las que acusó a integrantes del FPR y de otras organizaciones sociales de promover la violencia y una campaña para dejar de pagar el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Incluso, denunció que la autoridad municipal llamó a la población a confrontar directamente a la militancia del FPR y de otras organizaciones, haciendo referencia al uso de machetes.
Explicó que en San Francisco Ixhuatán el FPR mantiene presencia y organización desde hace más de dos décadas, trabajando junto con comunidades de la región en la defensa del territorio, los recursos naturales y en la lucha por la democracia, la justicia y la libertad.
Asimismo, destacó que la organización ha impulsado diversas experiencias de unidad popular, entre ellas la resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica.
Ante esta situación, la Unapo hizo un llamado a los pueblos originarios, comunidades en resistencia y trabajadores del campo y la ciudad a fortalecer la unidad y la movilización para enfrentar estos actos de hostigamiento.
Además, exigió el cese de las intimidaciones por parte del presidente municipal de San Francisco Ixhuatán, Felipe López Matus, a quien responsabilizó de cualquier agresión que pudiera sufrir la militancia del FPR.
Rechaza la RIIO la violencia promovida por edil de Ixhuatán
La Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños (RIIO) rechazó las declaraciones realizadas por el presidente municipal de San Francisco Ixhuatán, Felipe López Matus, al considerar que promueven la violencia contra integrantes de organizaciones sociales que mantienen una lucha legítima relacionada con el acceso a la energía eléctrica y la defensa de los derechos colectivos.
Mediante un pronunciamiento, la organización binacional sostuvo que ninguna autoridad, independientemente de su filiación política o nivel de gobierno, debe recurrir a discursos que fomenten la confrontación o que puedan interpretarse como amenazas contra personas organizadas, defensoras y defensores de derechos humanos, activistas e integrantes de comunidades.
La RIIO subrayó que quienes ocupan cargos públicos tienen la responsabilidad de garantizar la paz social, generar condiciones para el diálogo y privilegiar la solución pacífica de los conflictos.
En este sentido, consideró que las expresiones dirigidas contra organizaciones sociales representan actos de intolerancia política y contribuyen a normalizar discursos de violencia desde espacios de poder, con el objetivo de intimidar, disciplinar o desmovilizar a quienes cuestionan decisiones gubernamentales o defienden causas colectivas.
Asimismo, advirtió que cuando se señala públicamente a organizaciones y movimientos sociales como adversarios a vencer, se generan condiciones de riesgo para la integridad de las personas y se debilitan principios fundamentales de la vida democrática.
La organización manifestó su preocupación por cualquier intento de criminalizar las luchas sociales o desacreditar a quienes ejercen sus derechos a la libre expresión, la protesta y la libertad de asociación.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades estatales y a los organismos de derechos humanos para que se mantengan atentos a la situación, garanticen la protección de las personas y organizaciones señaladas, y promuevan mecanismos de diálogo que permitan atender las demandas sociales sin recurrir a la confrontación.
Finalmente, expresó su solidaridad con las organizaciones que defienden derechos colectivos y reiteró su rechazo a toda forma de violencia política, institucional o discursiva que atente contra la dignidad humana y la convivencia democrática.
Octavio Vélez Ascencio
