CIUDAD IXTEPEC, OAX.- La Articulación de los Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec por la Defensa de la Tierra y el Territorio integrada por organizaciones y comunidades zapotecas, huaves, mixes, chontales y zoques que habitan la región del Istmo, expresaron ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su preocupación por la implementación de la Zona Económica Especial (ZEE) en la región.
Denunciaron que el andamiaje jurídico “acrecienta el despojo y la explotación de los bienes naturales de las comunidades con el fin de favorecer exclusivamente a los grandes poderes económicos, y sostiene a duras penas su vulnerada capacidad de gobernanza mediante el uso cada vez más frecuente de la fuerza pública”.
Mediante la Ley de Zonas Económicas Especiales, recientemente aprobada, se establece que las empresas tengan todos los privilegios demeritando los derechos de las comunidades, señalaron.
Al mismo tiempo, indicaron el avance de la segunda fase de desarrollo eólico, en el que empresas y gobierno proyectan construir nuevas subestaciones y líneas de transmisión, para triplicar la energía que ya se genera en el Istmo, sin reparar en las consecuencias sociales.
En la denuncia se subrayó que el poder político y económico vinculado a Eólica del Sur “ha puesto de rodillas al poder judicial”, al cambiar de Juez que había resuelto a favor de las comunidades. La autoridad federal recientemente levantó la orden de suspensión favoreciendo de esta manera a la empresa y violando los derechos colectivos de las comunidades, luego de que mil 166 indígenas zapotecas lograron una suspensión que impidió la ejecución de este proyecto durante casi un año.
Entre otros temas, en el marco de los megaproyectos, denunciaron la intención de instalar proyectos mineros a cielo abierto en diversos puntos de la región, como en Ixtepec y Zanatepec, en detrimento de las cuencas que comparten los pueblos del Istmo y Costa.
Los representantes de organizaciones denunciaron los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos local, estatal y federal; así como la falta de información, derecho a la consulta libre, previa e informada, asesinatos de defensores, demandas y encarcelamientos entre otras estrategias que utilizan las empresas para realizar los megaproyectos.
Pavel Sulyandziga, actualmente presidente del grupo de la ONU informó a las comunidades que se elaborará y presentará un informe preliminar al terminar la visita y que posteriormente se presentará el informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
