Un grupo de organizaciones civiles realizó un llamado al gobierno federal a dejar sin efecto la autorización otorgada a la compañía transnacional Électricité de France (EDF) para la instalación de un parque eólico en Unión Hidalgo y realice un proceso de consulta en esa comunidad indígena zapoteca.
En un pronunciamiento, expuso que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (SE), otorgó un permiso a la empresa Eólica de Oaxaca, filial de EDF, sin haber realizado una consulta para el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes, bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se debe garantizar en las etapas preliminares de los proyectos, incluyendo actos administrativos y cada una de las fases que impliquen la implementación de los mismos, ya que su propósito es garantizar que los pueblos indígenas participen de forma activa en las decisiones y acciones que afecten su vida, su tierra, territorio y bienes naturales, asentó.
Destacó que el otorgamiento de este permiso ofrece un mensaje de incertidumbre para las comunidades y los pueblos indígenas, porque son los dueños legítimos de las tierras.
El proyecto
En el permiso se estipula que la Central Eólica Gunaa Sicarú contará con 96 aerogeneradores, con una capacidad de 2.625 megawatts cada uno, para generar un total de hasta 252 megawatts.
La producción anual estimada será de 825.7 gigawatts hora por un periodo de 30 años.
“Nos preocupa que faciliten la llegada de la empresa EDF, sin antes avisar formalmente a los habitantes de la comunidad indígena de que se realizará algún proceso de consulta, pues por encima de cualquier otro interés, el Estado debe garantizar certeza jurídica a las comunidades y colectivos sobre su tierra, territorio y bienes naturales”, apuntó.
El grupo de organizaciones, dijo que las comunidades indígenas deben participar activamente en la planeación del procedimiento de consulta para garantizar su realización en un marco de respeto a los derechos humanos y específicamente a los derechos de los pueblos indígenas.
“Esta es una oportunidad histórica de enviar un mensaje tanto a nuestro país como a la comunidad internacional de que en México se respetan los derechos de las y los mexicanos y los pueblos indígenas que ancestralmente han habitado estos territorios”, terminó.
El pronunciamiento, está suscrito por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Servicios del Pueblo, Tequio Jurídico y Servicios para una Educación Alternativa.
