Comuneros zoques ya están en la capital del país

JUCHITÁN, Oaxaca.- Los comuneros zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa llegaron a la capital del país, y podrán quedarse hasta una semana, esperando que sean atendidos por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

Así lo manifestó desde la CDMX, el presidente municipal de Santa María Chimalapa, Abel Antonio Guzmán, donde buscarán que sea este mismo órgano de justicia, el que se encargue de vigilar el cumplimiento de la sentencia de la controversia 121/2012 promovida por el gobierno de Oaxaca del período 2010-2016.

De igual forma, reiteró que exigirán a la SCJN admitir el recurso de “amicus curiae” (amigos de la Corte), que invalide un acuerdo amistoso firmado el 18 de abril del 2023, por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, sobre los límites San Pedro Tapanatepec y San Francisco del Mar con la entidad chiapaneca.

Por su parte, el presidente municipal de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras adelantó que de no contar con una respuesta favorable, algunos comuneros están dispuestos a instalarse en huelga de hambre, para presionar más en sus peticiones.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, señalan que la sentencia de la SCJN es firme cosa juzgada de cumplimiento obligatorio no está a la voluntad de las autoridades federales ni de Oaxaca ni de Chiapas. En caso de incumplirse se harán acreedores a juicios políticos administrativos y hasta penales.

“Importante es decir, que la sentencia contiene errores de coordenadas geográficas de lugares útiles para amojonar la línea divisoria entre Oaxaca y Chiapas, lo cual se corrige mediante un incidente de aclaración ante la misma corte de justicia, lo cual pedimos reiteradamente lo hiciera el gobierno de Oaxaca sin hacerlo”.

Exigen el patrullaje en la zona zoque, del personal de la Sedena, Marina, Fiscalía General de la República, Profepa y Policía Estatal para brindar protección a los habitantes de Río Frío y López Portillo, y combatir las actividades de tala ilegal por los invasores, y de manera urgente permitir el regreso de los desplazados de esos lugares.

Piden la visita e inspección por parte de la FGR y la Profepa en los 19 ejidos asentados ilegalmente en su propiedad  comunal, para determinar las áreas dañadas al ambiente, y consecuentemente pagar los daños y perjuicios por parte de los invasores y de las autoridades estatales y federales por sus omisiones para prevenir y sancionar los delitos ambientales.