JUCHITÁN, Oaxaca.- Para el presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa, Zósimo Hernández López, la decisión de la asamblea respecto a las comunidades chiapanecas que no están reconocidas como comuneros dentro de las 160 mil hectáreas es el desalojo.
Aunque admitió que en el pasado, antes de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que les reconoce su derecho sobre las tierras en conflicto, se les ofreció quedarse con las tierras a cambio de convertirse de ejidos a comuneros que reconocen la autoridad del Comisariado de Bienes Comunales, pero se negaron.
Dijo que, independientemente de los acuerdos a los que hayan llegado los gobiernos de Oaxaca y Chiapas sobre los núcleos agrarios asentados en las tierras comunales de los dos municipios zoques, la asamblea acordó el desalojo de los asentamientos “ya que no son nuestra responsabilidad, si los metió el estado de Chiapas, que el estado de Chiapas se encargue de su gente, es lo que la comunidad está manifestando”.
Dijo que al negociar ambos estados quién dotará de bienes y servicios a las comunidades chiapanecas asentadas en su territorio, dan por hecho que estás se mantendrán en el territorio que invadieron a lo largo de cincuenta años.
Recordó que a principios de los años 90 se les ofreció a las comunidades erigidas en ejidos que habían invadido su territorio desde 1967, la conciliación, a la que se opusieron alentados por los ganaderos, talamontes y las autoridades chiapanecas.
Los ejidos de Canaán y Cal y Mayor se les insistió que aceptaran la autoridad de sus bienes comunales para quedarse en sus tierras: “los queríamos adoptar como hemos hecho con las demás comunidades pero desafortunadamente no aceptaron”, actualmente mantienen dos juicios de nulidad contra los dos ejidos y están esperando la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Tuxtepec.
Otros ejidos que están dentro de las 160 mil hectáreas son Flor de Chiapas, Ramón Escobar Balboa, Rodulfo Figueroa o Belisario Domínguez y Gustavo Díaz Ordaz, que no quieren reconocer la sentencia de la SCJN y se siguen considerando chiapanecos e incluso algunos de ellos se “levantaron en armas” apenas se supo de la sentencia.
Dijo que algunos ejidos ya quieren que haya conciliación, porque con la sentencia de la SCJN sus carpetas básicas son nulas, “pero desafortunadamente nosotros ya intentamos, quisimos conciliar ellos no quisieron, mi comunidad ya dijo que no”.
En la recuperación de sus tierras ha habido violencia, sobre todo cuando el gobierno del estado ha sido ausente, como la recuperación de la exfinca Casablanca en 1986, ubicada entre bosques de niebla y cafetales que tenía en propiedad Ernesto Castellanos, hermano del exgobernador de Chiapas, General Absalón Castellanos, en donde lo tomaron preso junto a sus guardaespaldas y recuperaron 2 mil hectáreas, recuerda Miguel Ángel García Aguirre integrante de Maderas del Pueblo del Sureste.
Largas batallas“En 1991, ahí se concentraron delegados de la mayoría de Congregaciones comunales de Los Chimalapas y decretaron la Reserva Ecológica Campesina de los Chimalapas”.
Los chimas han tenido que organizarse para recuperar sus tierras, como las 40 mil 945 hectáreas ubicadas al noreste del territorio de Santa María Chimalapa conocido como predio La Gringa, reconocido como colonia agrícola ganadera por acuerdo presidencial en 1987 al considerarlas terrenos nacionales del municipio de Cintalapa, Chiapas.
“Fue recuperada gracias a la lucha comunal y a acciones jurídicas del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, mediante un nuevo Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 abril 1994. Pero -igual que ahora- los gobiernos Chiapas, Oaxaca y Federal se negaban a ejecutar dicho acuerdo. Y quisieron crear una Reserva de Biosfera federal en vez de entregarla a Santa María, igual que hoy”.
Así que en julio 1994, 600 comuneros y más de 150 acompañantes del Comité, tomaron pacíficamente La Gringa.
Ahora ante el retraso de acatar de la sentencia de la SCJN de dos administraciones del Gobierno del Estado, los comuneros zoques exigen una fecha para realizar el brecheo y la colocación de mojoneras, que han dicho que aún sin el acompañamiento del gobierno, lo realizarán.
Están conscientes de la oposición que tendrán de los ejidos que se asientan en la zona, porque después de reafirmar sus límites seguirá la recuperación física de sus tierras, luego de más de cincuenta años de pelear por ellas.
