UNIÓN HIDALGO, Oaxaca.- Tres meses después del terremoto del 7 de septiembre, el Comité de Padres de Familia de la Secundaria Técnica 33 interpuso un amparo de demanda indirecta contra los tres órdenes de gobierno, por su ineptitud en la reconstrucción de sus aulas; el pasado 18 de octubre, el juez 11 de distrito de la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, les dio la razón.
Tres meses después del sismo, los padres de familia se dieron cuenta de que sus hijos eran doblemente damnificados: habían perdido su hogar y su escuela, e iniciaron la tarea de demoler las aulas dañadas por los sismos del 2017 por su propia cuenta buscando el apoyo privado.
Ineptitud
Las autoridades correspondientes no demolían las aulas dañadas y tampoco les permitían a los padres realizarlo; esta acción y la falta de capacidad de éstas en dar respuesta a sus trámites, les llevó a iniciar una demanda legal promovida por el bufete de abogados Regalado&Galindo.
A diez meses de haber realizado la demanda, el juez procedió a conceder el amparo y la protección de la justicia del Estado para que las autoridades responsables adopten medidas para garantizar el derecho a la educación de sus hijos que estudian en la secundaria, tal como lo prevé el artículo Tercero de la Carta Magna.
Para el juez, las autoridades que violaron el derecho de los estudiantes de Unión Hidalgo son desde el Presidente de la República hasta el regidor de Educación del municipio, pasando por el secretario de Educación Pública, el gobernador del estado, el presidente municipal, y los titulares del INIFED y el IOCIFED y una larga lista de funcionarios de los órdenes de gobierno.
Un triunfo
Edgar Martín, expresidente del Comité de los Padres de Familia opinó que la sentencia llega en el momento adecuado, pues la reconstrucción de las aulas va apenas en 15 por ciento, con todo y que las dos instancias encargadas de la infraestructura educativa, la INIFED y la IOCIFED aseguran que el recurso ya fue aterrizado.
Agregó que se espera que en 10 días, algunas de las autoridades impugne la resolución del juez; aportó que el mismo buró de abogados que promovió el amparo lo hará, pues el juez no fijó una fecha para que las autoridades cumplan con los alumnos al concluir las aulas, aunque en la sentencia ordena a las autoridades que informen en qué plazo terminarán la reconstrucción.
Los padres denunciaron que la situación de su escuela es la que se repite en muchas escuelas de la región, donde las concesiones para la reconstrucción se entregaron a empresas inexpertas y sin solvencia económica, que han mostrado ineficacia para reconstruir.
Mal y de malas
En el caso de la reconstrucción de las aulas de la Técnica 33, la empresa ha destruido sus avances de construcción por haberlas hecho mal, como en el caso de los cimientos y ha echado a perder materiales de construcción por falta de previsión y planeación.
La resolución del juez crea un precedente sobre la responsabilidad de los tres niveles de gobierno en su anómala forma de proceder en la reconstrucción, luego de los sismos en la región, pues considera que desde el presidente de la república actuó con omisión al no tomar: “acciones inmediatas, reales y eficaces dentro del ámbito de sus facultades y obligaciones”.
Esta secundaria ubicada en una pequeña comunidad de Oaxaca, es la única cuyos padres de familia logran que les den la razón en el sentido de que las autoridades no actuaron debidamente después del desastre, y es una muestra de la deficiente actuación del Estado con los damnificados de los sismos de septiembre.
